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Cuando el Estado se convierte en extorsionador. Cómo la SBN persigue a ciudadanos usando títulos que sabe son inconstitucionales.

Foto del escritor: Racso Miro QuesadaRacso Miro Quesada

Actualizado: hace 7 días



Imagínese vivir en un país donde el Estado, en lugar de proteger a sus ciudadanos, los convierte en víctimas de su propia negligencia y abuso de poder. La historia que voy a contar no es una ficción. No es un guion de Hollywood ni un drama de abogados corruptos en una serie de Netflix. Es real. Ocurrió en Perú, donde el Estado, en lugar de garantizar seguridad jurídica, se convirtió en el principal artífice de una estafa monumental que ha paralizado más de 8,000 hectáreas en el sur de Lima, arruinado proyectos de vida y destruido inversiones con un descaro que desafía toda lógica.

Si esto lo hubiera hecho un grupo criminal, hablaríamos de extorsión, fraude, abuso de poder. Si lo hubiera hecho una empresa privada, la habrían clausurado, los responsables estarían presos. Pero como lo hizo una entidad estatal, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), lo llaman "defensa del patrimonio público".

El caso de Miró Quesada es solo la punta del iceberg. Es la historia de cómo el Estado peruano no solo crea problemas sino que luego persigue y destruye a los ciudadanos por actuar conforme a la realidad que él mismo generó. Es la historia de cómo la SBN pasó más de una década demandando a personas que no habían cometido ningún delito, con el único fin de saquearlos.

Aquí se cuenta, no solo para entender el abuso, sino para exponerlo ante la opinión pública y exigir justicia.



Cómo empieza todo: El Estado jugando a ser dos personas a la vez


Imaginen que compran un terreno. Revisan los registros públicos, todo está en orden. El vendedor es el propietario legítimo según los documentos oficiales. Pagan, firman, inscriben su compra y respiran tranquilos: su inversión está asegurada.

Ahora imaginen que, años después, alguien aparece diciendo que ese terreno no era del vendedor, sino suyo. No solo exige recuperarlo, sino que además los demanda por daños y perjuicios, reclamando que pagaron demasiado poco y que le deben una millonaria compensación.

Ahora imaginen que ese alguien es el propio Estado.

Ese es exactamente el esquema que la SBN aplicó contra decenas de personas que compraron terrenos en San Bartolo. El Estado vendió y luego demandó a los compradores. Primero les dijo que sí, luego les dijo que no. Y cuando los ciudadanos creyeron que su único problema era una confusión burocrática, la SBN lanzó toda su maquinaria legal para atacarlos.

Es como si el Estado fuera dos personas a la vez:

  • Una que te vende un bien.

  • Otra que, años después, te lo quita y te demanda por haberlo comprado.

Es una trampa perfecta. Un esquema fraudulento que viola principios fundamentales de seguridad jurídica y buena fe contractual


El origen del problema: Negligencia institucional


 Lo naranja bordea todo el área sobre la cual el Estado ha creado dos títulos de propiedad superpuestos. Si le compras a una entidad estatal, la otra te enjuicia por 'robarle'
 Lo naranja bordea todo el área sobre la cual el Estado ha creado dos títulos de propiedad superpuestos. Si le compras a una entidad estatal, la otra te enjuicia por 'robarle'

El problema no era solo la doble cara del Estado. El problema lo creó el Estado desde el principio.

Desde hace décadas, existen dos partidas registrales superpuestas sobre más de 8,000 hectáreas en San Bartolo.

  • Partida N.° 49059060: Inscrita a nombre de la SBN.

  • Partida N.° 49071459: Inscrita a nombre de la Municipalidad de San Bartolo.

Las dos partidas hablan del mismo terreno. El Estado, por su propia negligencia, permitió que existieran dos títulos sobre la misma propiedad.

En un país donde la ley es clara, esto se habría resuelto de inmediato. Pero la SBN no hizo nada. No cerró su título, no aclaró la situación, no advirtió a nadie. Dejó que pasara el tiempo mientras ciudadanos e inversionistas compraban terrenos en San Bartolo creyendo que eran legales.

Era como si alguien viera un puente derrumbado, no pusiera señales de advertencia, esperara a que los autos cayeran al vacío y luego demandara a los conductores por los daños causados.


La cacería legal: Demandas sin fundamento


Una vez que la trampa estuvo lista, la SBN activó su verdadera estrategia: demandar a quienes habían comprado terrenos de buena fe.

El caso Miró Quesada es uno de los ejemplos más claros de esta táctica perversa. En 2013, la SBN lo demandó exigiendo tres cosas absurdas:

  1. Que pague la diferencia entre lo que cobró San Bartolo por el terreno y el valor que, según la SBN, realmente tenía. En otras palabras, le exigían compensar al Estado por el supuesto "bajo precio" de la venta, un precio que se había reducido precisamente porque la SBN había generado el problema de titulación.

  2. Que, después de pagar esa diferencia, pierda el terreno. Es decir, que indemnice a la SBN por una venta que el propio Estado permitió y, luego, que se quede sin nada.

  3. Que él debió haber sabido que la propiedad era de la SBN. La entidad argumentó que San Bartolo nunca tuvo derecho a vender el terreno y que Miró Quesada debió haberlo sabido, simplemente porque en algún momento envió una carta preguntando si podía comprar el derecho de la SBN sobre la superposición.

El razonamiento es tan absurdo como si alguien comprara un carro a un concesionario, con todos los documentos en regla, y años después una oficina estatal apareciera reclamando que el carro era suyo, exigiendo primero una compensación por el "bajo precio" de la compra y, después, arrebatándole el vehículo sin devolverle nada.


La carta que la SBN usa en su contra: ¿prueba de fraude o de buena fe? Miró Quesada envió la carta en 2008, pero compró a San Bartolo en 2011. No podía dudar de un título que aún no había adquirido La carta demuestra buena voluntad. Al interesarse en el terreno, Miró Quesada intentó pagarle a todos los que tuvieran derechos sobre él, incluida la SBN. Eso haría cualquier persona de bien.  Entonces, la pregunta es la contraria: si la SBN realmente era propietaria y le ofrecieron comprarle, ¿por qué no vendió? ¿No era esa su función? ¿O acaso sabía que su título era inconstitucional y que no podía vender lo que reclamaba como suyo?
La carta que la SBN usa en su contra: ¿prueba de fraude o de buena fe? Miró Quesada envió la carta en 2008, pero compró a San Bartolo en 2011. No podía dudar de un título que aún no había adquirido La carta demuestra buena voluntad. Al interesarse en el terreno, Miró Quesada intentó pagarle a todos los que tuvieran derechos sobre él, incluida la SBN. Eso haría cualquier persona de bien. Entonces, la pregunta es la contraria: si la SBN realmente era propietaria y le ofrecieron comprarle, ¿por qué no vendió? ¿No era esa su función? ¿O acaso sabía que su título era inconstitucional y que no podía vender lo que reclamaba como suyo?






El Estado reconoce que no es dueño.  Ley 27040.   Cuando el Estado necesitó 1,300 de las 8,000 hectáreas en disputa, ¿actuó como propietario y simplemente tomó posesión? No. Las expropió y pagó a los verdaderos dueños. ¿Qué prueba más el reconocimiento de la propiedad ajena?¿Una carta enviada por Miró Quesada preguntando por un precio de venta?¿O un Decreto de Urgencia que admite la necesidad de expropiar, reconoce la titularidad de la otra parte. 
El Estado reconoce que no es dueño. Ley 27040. Cuando el Estado necesitó 1,300 de las 8,000 hectáreas en disputa, ¿actuó como propietario y simplemente tomó posesión? No. Las expropió y pagó a los verdaderos dueños. ¿Qué prueba más el reconocimiento de la propiedad ajena?¿Una carta enviada por Miró Quesada preguntando por un precio de venta?¿O un Decreto de Urgencia que admite la necesidad de expropiar, reconoce la titularidad de la otra parte. 


En los registros públicos, a pesar de mantener abiertas ambas fichas, sabían que el dueño legítimo era San Bartolo. Su ficha era la más antigua y las normas en las que se basaba la SBN ya no tenían efecto práctico.


La demanda duró 10 años. 10 años de desgaste, de abogados, de dinero perdido, de incertidumbre total.



El fraude dentro del fraude: El peritaje alterado.

Si ya de por sí el caso era una estafa estatal, la SBN decidió ir más lejos. Para justificar la indemnización millonaria que exigía, presentó un peritaje amañado.

En ese informe pericial, la SBN:

  • Omitió la superposición de títulos.

  • No mencionó que el terreno tenía posesionarios.

  • Lo describió como un terreno limpio y sin problemas.

Es decir, presentó información falsa para hacer parecer que el terreno valía mucho más de lo que realmente valía. Con este fraude, pretendía justificar la demanda contra Miró Quesada y otros ciudadanos, argumentando que habían comprado el terreno “demasiado barato” y que debían pagar la diferencia.

Este es un caso claro de fraude procesal y falsedad ideológica, pero hasta ahora, ningún funcionario ha sido sancionado.




El peritaje fraguado: la base de una demanda injusta.  El Estado ordenó cuatro tasaciones. Tres de ellas coincidieron con el precio que pagó Miró Quesada, porque tomaron en cuenta la realidad del terreno: posesionado, con superposiciones y en litigio.  Al tasador elegido por la SBN no se le informó de los litigios ni de la superposición de títulos.   La SBN lo propuso, revisó su informe, verificó que omitía información clave y aún así la usó. Ignoró las otras tres tasaciones y basó 10 años de pedidos de indemnización en este peritaje manipulado.
El peritaje fraguado: la base de una demanda injusta. El Estado ordenó cuatro tasaciones. Tres de ellas coincidieron con el precio que pagó Miró Quesada, porque tomaron en cuenta la realidad del terreno: posesionado, con superposiciones y en litigio.  Al tasador elegido por la SBN no se le informó de los litigios ni de la superposición de títulos. La SBN lo propuso, revisó su informe, verificó que omitía información clave y aún así la usó. Ignoró las otras tres tasaciones y basó 10 años de pedidos de indemnización en este peritaje manipulado.


El Tribunal Constitucional ya había dicho que la SBN no tenía derecho a litigar

Lo más escandaloso de todo es que la SBN sabía que su título no era válido desde el 2012.

Ese año, el Tribunal Constitucional resolvió que la SBN no podía reclamar terrenos usando el mecanismo de “reversión” (Expediente N.° 03576-2011-PA/TC).El fallo fue claro:

  • No podían reclamar la propiedad.

  • No podían iniciar procesos de reversión.

  • No podían litigar contra ciudadanos alegando que los terrenos les pertenecían.




Desde años antes, los fallos del Tribunal Constitucional venían señalando una y otra vez la misma conclusión: los supuestos derechos que el Estado ostentaba sobre las pampas de Punta Negra, Punta Hermosa y San Bartolo eran espurios. Las sentencias establecieron con claridad que la ley en la que se basaba la SBN para reclamar estos terrenos era confiscatoria y, por lo tanto, inconstitucional. El argumento de que un terreno, por el solo hecho de ser eriazo, pasaba automáticamente a dominio del Estado fue desestimado como una violación flagrante al derecho de propiedad.



Sentencia del Tribunal Constitucional en la que en el  2003 determina, la inconstitucionalidad del supuesto derecho que esgrime la SBN para reclamar terrenos que nunca le pertenecieron.
Sentencia del Tribunal Constitucional en la que en el 2003 determina, la inconstitucionalidad del supuesto derecho que esgrime la SBN para reclamar terrenos que nunca le pertenecieron.



Sentencia del Tribunal Constitucional 2008 que ratifica, la inconstitucionalidad del supuesto derecho que esgrime la SBN.
Sentencia del Tribunal Constitucional 2008 que ratifica, la inconstitucionalidad del supuesto derecho que esgrime la SBN.


Pero la SBN ignoró la sentencia y pasó años litigando contra ciudadanos con un título que ya había sido declarado inconstitucional.

No se trata de una simple omisión. Es abuso de poder deliberado.


La excusa absurda de la SBN para no cumplir la sentencia.  20 años después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional su título, Cuando en juicio se le exige cumplir la sentencia, su respuesta es insólita:"No sabemos si el Lote 201 está afectado por el fallo."🔸 "Pero lo demandaste precisamente por estar dentro de esa ficha."🔹 "Sí, pero no sabemos si la sentencia lo incluye.📌 El Tribunal Constitucional fue claro: el título de la SBN no existe, su ficha registral que usa para demandar es inconstitucional.  
La excusa absurda de la SBN para no cumplir la sentencia. 20 años después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional su título, Cuando en juicio se le exige cumplir la sentencia, su respuesta es insólita:"No sabemos si el Lote 201 está afectado por el fallo."🔸 "Pero lo demandaste precisamente por estar dentro de esa ficha."🔹 "Sí, pero no sabemos si la sentencia lo incluye.📌 El Tribunal Constitucional fue claro: el título de la SBN no existe, su ficha registral que usa para demandar es inconstitucional.  

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Cualquier ciudadano que intentara cobrar indemnizaciones basándose en un derecho anulado por el TC terminaría preso por fraude. Pero la SBN lleva 12 años haciéndolo impunemente, poniendo excusas sin sentido.

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El impacto real: Un país paralizado.

El resultado de esta historia no es solo el daño personal a los demandados. Es el bloqueo absoluto del desarrollo en una de las zonas con mayor potencial de expansión en Lima.

Hoy, las 8,000 hectáreas afectadas por la superposición de títulos son tierras paralizadas:

  • No pueden venderse.

  • No pueden desarrollarse.

  • No pueden recibir inversión.

Empresas y ciudadanos han perdido millones. Lima ha perdido oportunidades de crecimiento. Y todo porque la SBN decidió que era mejor litigar y perseguir a los ciudadanos antes que resolver un problema que ella misma creó.



El juicio por $20 millones: La respuesta contra la SBN

Hoy, Miró Quesada ha decidido devolverle el golpe a la SBN y ha demandado al Estado por $20 millones de dólares.

Su caso se basa en tres argumentos clave:

  1. El Estado no tenía derecho a demandarlo, no correspondia una demanda de indemnizacion por comprar una ficha superpuesta a la de sbn, ya que el acto no lesiona a sbn. Su derecho no ha sido afectado por la compra venta del derecho de un tercero. Es un acto en tre las parte.

  2. El uso de un peritaje fraguado para justificar una indemnización ilegítima.

  3. El hecho de que la SBN ignoró por más de 12 años un fallo del Tribunal Constitucional.

El juicio se encuentra actualmente en apelación y promete sentar un precedente.


En caso de ganar, Miro Quesada donará la indemnización a una asociación de usuarios del sistema de justicia, con el objetivo de fiscalizar y mejorar el acceso a una justicia transparente y eficiente para todos.


El fin de la impunidad



En la foto ubicación aproximada de la gigantesca area de superposición de registros que el estado a creado y cuyo caos utiliza para lucrar extorsionando a los ciudadanos con demandas infundadas.
En la foto ubicación aproximada de la gigantesca area de superposición de registros que el estado a creado y cuyo caos utiliza para lucrar extorsionando a los ciudadanos con demandas infundadas.

Este caso no es solo sobre Miró Quesada o los terrenos de San Bartolo. Es sobre un sistema que permite que el Estado actúe con impunidad, pisoteando los derechos de sus ciudadanos en nombre de un supuesto interés público. Si queremos un Perú que avance, necesitamos justicia real, transparencia y rendición de cuentas. La opinión pública debe exigir que los responsables de esta debacle respondan por sus acciones. Porque mientras la SBN siga operando como una máquina de litigios injustificados, el desarrollo del país seguirá siendo una promesa incumplida.

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