OPERACIÓN DIFAMACIÓN
- Racso Miro Quesada
- 21 may
- 15 Min. de lectura
Actualizado: 26 may
La Trama Oculta Tras el Ataque de Expreso a la Comunidad Campesina de Cucuya y los Intereses Millonarios que Buscan Silenciar la Verdad
Introducción: Cuando el Periodismo Abdica de la Verdad
En un país donde la verdad es a menudo la primera víctima de los poderosos, el Diario Expreso ha cruzado un nuevo umbral de infamia. En un giro que expone las entrañas del periodismo peruano y desvela una trama de intereses económicos en la zona de Lima Sur. La nota titulada “Historiadores detectan incoherencias” no es solo un ataque difamatorio contra la comunera Gloria Huapaya Blas, y la comunidad de Cucuya-Santo Domingo de los Olleros. Es una maniobra orquestada para deslegitimar los derechos de las comunidades campesinas y proteger intereses económicos que operan en las sombras. Este reportaje desmonta las mentiras de Expreso, expone la hipocresía de sus dueños, y revela cómo un conglomerado chileno, con la complicidad de abogados y medios, busca usurpar tierras comunales en Lima Sur.
El pasado 9 de Marzo, el diario Expreso lanzó una ofensiva mediática contra la Comunidad Campesina de Cucuya-Santo Domingo de los Olleros y contra quien suscribe, Racso Miró Quesada Vegas. Bajo el pretexto de un supuesto hallazgo de "incoherencias" en documentos virreinales por parte de un panel de historiadores, el diario construyó una narrativa de falsificación documental destinada a minar la legitimidad de los títulos de propiedad de la comunidad y a manchar mi reputación.
Este reportaje no es solo una defensa. Es una disección de una operación de desinformación, una investigación que va más allá de la réplica formal para exponer la alarmante falta de rigor del Diario Expreso, las poderosas fuerzas económicas que podrían estar moviendo los hilos tras bambalinas, y un patrón de comportamiento que sugiere una estrategia coordinada para despojar y silenciar. Bienvenidos a las cloacas donde la prensa peruana y los oscuros intereses de negociadores extranjeros se dan la mano.
Capítulo 1: La Falsificación Imposible – Crónica de una Infamia Anunciada (Mal Calculada)
La acusación central de Expreso –mi supuesta participación en la falsificación de documentos virreinales para la titulación de Cucuya– se desmorona con una simple verificación de fechas, un ejercicio elemental que el diario convenientemente omitió.
El Origen de los Títulos de Cucuya: La Comunidad Campesina de Cucuya obtuvo su inscripción registral en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) en 1984. Este proceso, como bien saben los especialistas, no es un trámite de la noche a la mañana. Implica una laboriosa recopilación y validación de información por parte del Ministerio de Agricultura que incluye:
Visación de planos detallados.
Estudios técnicos y legales exhaustivos.
Actas de colindancia suscritas con las comunidades vecinas, un proceso a menudo largo y contencioso.
Resoluciones directorales y otros actos administrativos. Este conjunto de diligencias suele tomar, como mínimo, tres a cinco años. Esto significa que el proceso de titulación de Cucuya debió iniciarse formalmente alrededor de 1980-1981.
Mi Realidad en Aquellos Años: En 1981, quien escribe estas líneas tenía once años de edad y estaba culminando la educación primaria en Lima. La idea de que un niño, cuya máxima aventura era pedalear una bicicleta verde olivo en un radio de cinco cuadras alrededor de su casa, pudiese estar simultáneamente en las alturas de Huarochirí (a 4,000 msnm, conspirando con 200 comuneros para fraguar caligrafías virreinales de hace 300 años, no solo es absurda, es un insulto a la inteligencia. ¿Contaba acaso un niño de once años con la pericia paleográfica, los contactos y la capacidad logística para semejante empresa?
La "Lógica" de Expreso Desafiada: Extendamos el delirio. ¿Cómo imagina Expreso que esto sucedió? ¿Que los comuneros de Cucuya, en 1980 –cuando su principal actividad económica era el sembrío de papas y el pastoreo, y cuya mayor preocupación era defenderse de Sendero– decidieron un día tomar un vuelo a Madrid, luego a Sevilla, contratar un equipo de falsificadores expertos en tintas, papeles y grafías del siglo XVIII, sobornar a funcionarios del Archivo General de Indias para ingresar, foliar e indexar estos documentos apócrifos, y luego regresar a Huarochirí a seguir arando la tierra como si nada, guardando el secreto de su "Misión Imposible"? Los periodistas de Expreso, quizás, deberían dedicarse a escribir guiones para Hollywood.
Debo aclarar que mi vinculación formal con terrenos en Cucuya es muy posterior: mi primera adquisición data del año 2006, veintidós años después de que sus títulos fueran legalmente inscritos, y mi compra se basó en la fe registral de SUNARP, no en documentos virreinales que nunca he necesitado ni conocido.
Pero para empeorar aún más las cosas, los documentos virreinales que se mencionan, cuya autenticidad Expreso alegremente cuestiona, no fueron reconocidos en 1981, cuando la comunidad iniciara su trámite de inscripción en Sunarp, ni en 1984, cuando se apertura su ficha registral, sino que fueron protocolizados por un juez en 1923. Es decir, para sostener la acusación que Expreso publica irresponsablemente, los comuneros de Cucuya, Gloria Huapaya y yo tendríamos que haber fraguado estos documentos en una o dos vidas anteriores, haber tenido la fortuna de conocernos hace un siglo, y además haber convenido reencarnarnos cien años después para finalmente beneficiarnos del fruto de nuestros "esfuerzos falsificatorios". Realmente Expreso es capaz de publicar cualquier disparate, amparado en la triste realidad de que el papel lo aguanta todo.
Capítulo 2: La Solidez de los Derechos Comunales Peruanos Frente a las Leguleyadas Coloniales
El intento de Expreso de invalidar los títulos de Cucuya a través de supuestas "incoherencias" en documentos coloniales (un "Su Majestad" erróneo, una fecha anacrónica) es una táctica distractora que ignora –o busca deliberadamente ocultar– la verdadera naturaleza y fundamento de los derechos territoriales de las Comunidades Campesinas en el Perú.
Existencia Ancestral y Reconocimiento Constitucional: Las comunidades campesinas, como Cucuya, no nacen de un papel o de la gracia de un conquistador. Su existencia es previa al Estado peruano y a la colonia española. Son instituciones sociales, económicas y culturales con una posesión inmemorial de sus territorios. Este hecho es reconocido por todas las Constituciones Políticas del Perú desde 1920, que garantizan la existencia legal y la propiedad de las comunidades sobre sus tierras, declarándolas inalienables, imprescriptibles e inembargables (con matices según la Constitución vigente).
Marco Legal Vigente: La Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, y su reglamento, desarrollan esta protección. A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú y con rango constitucional, obliga al Estado a reconocer y proteger los territorios que estas comunidades tradicionalmente ocupan. Este marco legal robusto es la verdadera fuente de sus derechos, no la perfección caligráfica de un documento de hace tres siglos.
La Irrelevancia de las "Pruebas" de Expreso: Los documentos coloniales, si existen, pueden servir como elementos referenciales para la delimitación de linderos o para estudios históricos. Pero pretender que un error formal en uno de ellos, como un tratamiento protocolar incorrecto (Majestad por Excelencia) o una datación confusa, anula el derecho de propiedad de una comunidad existente, reconocida y titulada por el Estado peruano es una falacia jurídica y una manifestación de pensamiento gamonalista. Esta mentalidad, heredada del civilismo más rancio, busca desvalorizar y negar los derechos de los pueblos originarios, con excusas formales, repitiendo la vieja historia de despojo latifundista. Si la lógica de Expreso prevaleciera, miles de comunidades, especialmente en la Amazonía (que rara vez cuentan con títulos coloniales), no tendrían derecho a nada. Paradójicamente, muchos documentos coloniales fueron, en realidad, los instrumentos mediante los cuales se legalizó el despojo de tierras comunales y la reducción de sus derechos.
Pero, además, la acusación ni siquiera se basa en un estudio directo y riguroso de los títulos ancestrales, sino en una transcripción resumida realizada por el registrador de la SUNARP al momento de elaborar la ficha registral. Como es ampliamente conocido por notarios, abogados y cualquier persona familiarizada con el sistema registral peruano, la SUNARP comete errores frecuentes en estas transcripciones que luego deben ser corregidos oficialmente, pues los extractos que figuran en una ficha resumen a menudo no reflejan con absoluta fidelidad los documentos originales.
Capítulo 3: Expreso al Desnudo: Manipulación Flagrante y un Pasado que Condena
La falta de rigor de Expreso no es un descuido aislado. El tratamiento del supuesto "descargo" bajo el título "Usucapión" es un ejemplo palpable de manipulación informativa:
En un recuadro de apenas 30 palabras, Expreso afirmó que en un artículo de "Hildebrandt en sus trece" de 2022, Gloria Huapaya, dirigentes de Cucuya y yo habíamos justificado la posesión de tierras mediante la "usucapión". Esto es un record de 3 mentiras en solo 30 palabras:
Gloria Huapaya no fue entrevistada en ese articulo
Los dirigentes de Cucuya no fueron entrevistados en ese articulo.
Mi entrevista versó sobre un tema completamente diferente: los litigios por terrenos de la Municipalidad de San Bartolo con Bienes Nacionales, no sobre los títulos de Cucuya.
Esta proliferación de mentiras en un espacio tan reducido revela una intencionalidad que va más allá del error.
Lamentablemente la credibilidad de Expreso no solo se ve afectada por sus publicaciones actuales. Su propio historial levanta serias interrogantes:
Transparencia Cuestionada (Panama Papers): La estructura de propiedad del diario ha estado vinculada a paraísos fiscales a través de compañías offshore, según revelaciones de investigaciones periodísticas internacionales como los Panama Papers. Un medio que exige transparencia a otros debería empezar por casa.
El Dueño y la Deuda Externa – Un Perjuicio de $787 Millones al Perú: El propietario principal de la marca Expreso, segun los Panama Papers, Jorge Peschiera, encargado por la nación de negociar la recompra de la deuda externa peruana, fue objeto de una profunda investigación por parte del Congreso de la República. Las conclusiones fueron demoledoras:
Se le acusó de crear una compañía propia para asesorar a terceros en la compra de títulos soberanos tan pronto como ocupó su cargo público, un claro conflicto de interés.
Su socio minoritario en esta empresa privada tuvo múltiples problemas legales, incluyendo prisión, por defraudar la confianza de la nación.
Se contrató a personas vinculadas laboralmente a la contraparte del Perú para defender los intereses nacionales.
La decisión terca de optar por un mecanismo de "recompra silenciosa" en lugar de adherirse al Plan Brady (que no requería ninguna gestión ni esfuerzo) habría costado al Perú, según el Congreso, un exceso de 110 millones de dólares.
La inacción en el caso Elliot sumó otros 53 millones de dólares en costos adicionales.
La recompra de deuda rusa generó un sobrecosto de 130 millones de dólares en efectivo.
Se pagaron 494 millones de dólares por intereses que, según el informe congresal, pudieron evitarse.
En total, la gestión del dueño de la marca Expreso en la negociación de la deuda externa le habría costado al fisco peruano la astronómica suma de 787 millones de dólares, dinero que fue a parar a los bolsillos de los acreedores, cuyos funcionarios el dueño de la marca Expreso puso a defender los intereses del Perú. Esta cifra, para ponerla en perspectiva, quintuplica la suma de todos los presuntos actos de corrupción atribuidos a los últimos cuatro presidentes del Perú juntos (García, Toledo, Humala, Kuczynski y de paso la alcaldesa Villarán).
A pesar de la magnitud de estas cifras y las conclusiones del Congreso, este caso no ha generado ningún escrutinio mediático ni la celeridad fiscal que otros escándalos de mucha menor cuantía. ¿Doble rasero?
Un diario con estos antecedentes éticos y de transparencia, ¿tiene la autoridad moral para erigirse en juez de otros, especialmente cuando lo hace con información tan evidentemente manipulada?
Capítulo 4: Tras la Cortina de Humo – El Gigante Chileno Barros-Elberg y su Red de Intereses en el Sur de Lima
Si la acusación de Expreso es tan débil y sus propios antecedentes tan cuestionables, surge la pregunta inevitable: ¿Cui bono? ¿Quién se beneficia realmente con esta campaña de difamación? Las miradas apuntan hacia un poderoso conglomerado de capitales chilenos con multimillonarios intereses inmobiliarios y logísticos en el sur de Lima: el grupo liderado por los empresarios Sergio Barros Izquierdo y Eduardo Elberg Simi, principales accionistas de BSF Almacenes del Perú S.A.C. y el Grupo Algeciras.
Este conglomerado, que opera en el Perú a través de una compleja red de empresas (Inmobiliaria Alquife S.A.C., Alquife del Sur S.A.C., Inversiones Aleste S.A.C., Inmobiliaria Maraton del Perú SAC, entre otras), ha estado adquiriendo masivamente terrenos en los distritos del sur de Lima (Punta Negra, San Bartolo, Lurín). Una parte significativa de estas adquisiciones se realizó a la Municipalidad de San Bartolo durante la gestión del exalcalde Jorge Luis Barthelmess Camino, actualmente prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción relacionados, precisamente, con la venta irregular de terrenos municipales y de Bienes Nacionales.
El modus operandi del grupo chileno, según se desprende de diversos casos y denuncias, incluye:
Adquisiciones Cuestionadas: Compra de terrenos con antecedentes de titularidad dudosos o en litigio, como los vendidos por Barthelmess.
Estructuras Empresariales Opacas: Uso de múltiples empresas pantalla o de reciente creación, a menudo con las mismas direcciones fiscales o los mismos representantes legales y abogados que las empresas matrices. Por ejemplo, Voramar S.A.C., adquiriente del lote 219 (70 ha) de la subasta de San Bartolo, comparte dirección en Av. Encalada 1392, Monterrico, con Alquife. Corporación Chisán S.A.C., compradora del lote 221 (104 ha), utiliza a los abogados del conglomerado. Noray S.A.C., constituida solo dos meses antes de comprarle a Barthelmess, con dirección en un departamento residencial, transfirió rápidamente el terreno al grupo chileno, luego de pasar por la venta millonaria a una persona natural (para minimizar el pago de impuestos?). Estas estructuras dificultan el rastreo de responsabilidades y podrían tener como objetivo eludir investigaciones.
Asesoría Legal de Alto Calibre: Estas empresas de papel contratan algunos de los estudios de abogados más influyentes y costosos del país (Estudio Ghersi, Estudio Flores Nano, Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, entre otros que han representado a los que compraron terrenos al alcalde prófugo. Surge la pregunta de cómo empresas pantalla, sin capital ni operaciones visibles, pueden costear estos honorarios, y cuál es el rol de estos prestigiosos bufetes en el diseño y ejecución de estas estrategias de adquisición y litigio, o cuando se enfrentan apabullando con múltiples demandas a comuneros o posesionarios de escasos recursos. ¿Se limitan a la defensa legal o participan activamente en el diseño de esquemas que podrían estar bordeando la legalidad o la ética, especialmente en lo referente a posible ocultamiento patrimonial, planificación fiscal agresiva o enmascaramiento ante los bancos de la situación real de las propiedades en garantía?
El enfrentamiento directo de quien suscribe y de la comunera Gloria Huapaya Blas con este conglomerado es por la superposición de títulos de propiedad entre la comunidad y los titulos de la Municipalidad de San Bartolo, la que según Bienes Nacionales no era dueña de los terrenos que vendió. La Sra. Huapaya ha obtenido sentencias favorables en primera y segunda instancia, reconociendo su mejor derecho de propiedad frente a las pretensiones del grupo chileno. El caso se encuentra actualmente en Casación ante la Corte Suprema. La reversión de estas sentencias no solo significaría una derrota para la Sra. Huapaya, sino que sentaría un precedente crucial que podría afectar la propiedad de todas las Comunidades Campesinas en el Perú.
Las inversiones del grupo Barros-Elberg en la zona, valoradas en decenas de millones de dólares, muchas de ellas son realizadas sobre terrenos con problemas de superposición o titularidad. Es más, BSF Almacenes del Perú y sus empresas vinculadas han obtenido cuantiosos créditos bancarios, por ejemplo, del Banco de Crédito del Perú (BCP), utilizando como garantía los flujos futuros de sus proyectos logísticos construidos sobre estos terrenos en disputa (ver nota de LexLatin: "Subsidiarias de Algeciras y BSF en Perú suscriben contrato de préstamo con BCP"), terrenos que han sido puestos en propiedad de La Fiduciaria para garantizar estos créditos. Cabe preguntarse: ¿Informaron BSF y Algeciras al BCP y este a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre la existencia de estos graves litigios por superposición de títulos y el riesgo que ello implicaba para las garantías otorgadas? ¿Conocían los ahorristas peruanos que su dinero estaba siendo utilizado para financiar proyectos chilenos sobre terrenos cuya propiedad no estaba saneada a favor de lo que pedian los créditos y que, por mandato constitucional, eran propiedad inalienable, inprescriptible e INEMBARGABLE de la comunidad campesina?
Sea cual sea el resultado final en la disputa sobre el mayor derecho de propiedad, y con independencia del eventual repago del crédito otorgado, el solo hecho de no haber informado oportunamente al banco sobre la falta de saneamiento de la garantía ofrecida configuraría, por sí mismo, uno de los fraudes financieros más significativos de los últimos tiempos en el Perú, protagonizado directamente por el conglomerado empresarial liderado por Sergio Barros y Eduardo Elberg.
Capítulo 5: El Caso Valenzuela – Radiografía de un Despojo y la Complicidad Judicial
Para entender la crudeza de las tácticas que algunos atribuyen a entidades vinculadas al grupo Barros-Elberg, es ilustrativo el caso de la Sra. Valenzuela Tapia, una posesionaria en la zona de Lomas Tocto, distrito de Punta Negra. Este caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 289-2015 y el Expediente Judicial N° 339-2016, es un compendio de presuntos abusos:
La Denuncia por Usurpación Agravada: La Sra. Valenzuela denunció que el 30 de abril de 2015, un grupo de "matones y sicarios", presuntamente comandados por Víctor Otto Hurtado Guevara y Ricardo Luyo Quijano (este último presentado posteriormente por la policía en conferencia de prensa como presunto sicario), invadió violentamente su terreno. Según la denuncia, estos individuos actuaban por encargo de Inmobiliaria Maraton del Perú SAC, empresa vinculada al grupo chileno. La Sra. Valenzuela incluso adjuntó a su denuncia un CD con un audio donde uno de los invasores, Marcelino Longaray Quicala, detallaría la forma y circunstancias de la invasión y quién lo contrató y financió.
La Actuación del Fiscal Astrocondor: Inicialmente, las investigaciones apuntaban a la responsabilidad de Inmobiliaria Maraton, para quien trabajaba la empresa que contrato el personal que invadió el terreno del la Sra Valenzuela. Sin embargo, el entonces fiscal provincial José Manuel Astrocondor Salcedo, de la Fiscalía Provincial Mixta de Lurín, protagonizó un inexplicable viraje. Un año después, y sin que mediara nueva evidencia sustancial según los afectados, el fiscal Astrocondor cambió radicalmente su dictamen, exculpando a Inmobiliaria Maratón (que se encontraba en posesión física del terreno invadido) y pretendiendo atribuir la responsabilidad de la usurpación al vecino colindante que no tenía relación con los hechos y que, para entonces, ya había vendido su propiedad.
Justicia Selectiva y Sombras de Corrupción: Esta resolución del fiscal Astrocondor, que contraviene toda lógica procesal y el sentido común, resultó funcional a los intereses de Inmobiliaria Maraton. Tiempo después, el fiscal José Manuel Astrocondor Salcedo fue detenido y encarcelado por graves actos de corrupción en otros casos. Su actuación en el caso Valenzuela nunca fue debidamente investigada, pero deja un hedor a impunidad y la sospecha de que su decisión pudo haber sido motivada por incentivos indebidos. Sería crucial que, en el marco de las investigaciones y usando las herramientas de la colaboración eficaz, se le interrogue sobre quién o quiénes lo presionaron o "convencieron" para emitir una resolución tan descabellada en el caso Valenzuela, y que estudio de abogados encamino dicha "negociación".
El caso Valenzuela no es un hecho aislado. Es un patrón que parece repetirse cuando se trata del grupo chileno: la ocupación de terrenos, el uso de la fuerza o la intimidación, y la posterior utilización del sistema legal y, en algunos casos, la presunta instrumentalización de operadores de justicia, para consolidar despojos.
Capítulo 6: Conclusiones – La Urgencia de la Verdad y la Defensa de la Justicia
La campaña de difamación orquestada por Diario Expreso no es un simple error periodístico. Los hechos expuestos en este reportaje sugieren que podría ser una pieza más en un complejo engranaje de intereses económicos y presiones indebidas, diseñado para silenciar, amedrentar y, en última instancia, facilitar el control de vastos y valiosos territorios en detrimento de sus legítimos poseedores, sean estos comunidades campesinas ancestrales o ciudadanos individuales.
Las acusaciones contra mi persona y contra la Comunidad de Cucuya son falsas y fácilmente refutables, como se ha demostrado.
La credibilidad de Diario Expreso y su propietario está seriamente comprometida por su propio historial y sus prácticas periodísticas.
Existen poderosos intereses económicos (Grupo Barros-Elberg/BSF/Algeciras) que se beneficiarían directamente del desprestigio de quienes se oponen a sus proyectos expansivos y cuestionan la legitimidad de sus adquisiciones.
El sistema judicial y fiscal ha mostrado, en casos como el de la Sra. Valenzuela y el fiscal Astrocondor, vulnerabilidades preocupantes que deben ser investigadas y corregidas con urgencia.
Los estudios de abogados de renombre que asesoran a estos conglomerados tienen una responsabilidad ética que va más allá de la simple representación legal, especialmente cuando sus estrategias podrían estar facilitando operaciones opacas o el acoso judicial a comuneros.
Este no es solo un ataque contra Racso Miró Quesada o la Comunidad de Cucuya. Es un ataque contra el derecho a la verdad, contra la integridad del periodismo y contra la justicia. Hago un llamado a los periodistas independientes y honestos, a los operadores de justicia probos, y a la ciudadanía vigilante, a no dejarse engañar.
Es imperativo que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación profunda sobre los hechos aquí denunciados. Que la Superintendencia de Banca y Seguros audite la diligencia de las entidades financieras al otorgar créditos garantizados con terrenos en litigio. Que la Junta Nacional de Justicia supervise y sancione cualquier inconducta funcional de jueces y fiscales. Y que el periodismo retome su rol fiscalizador, sin agendas ocultas.
La lucha de las comunidades por su tierra y la justicia en el Perú es una historia larga y a menudo dolorosa. No permitamos que la difamación y el poder económico la silencien.
A los señores Elberg y Barros habría que recordarles que no estamos en 1879, y que si sus empresas operan actualmente en el Perú es únicamente en calidad de invitados. Y los invitados, si pretenden permanecer en la casa que los acoge, tienen la obligación de respetar las reglas del anfitrión. Esto no es la Araucanía: en el Perú a las comunidades campesinas se les respeta, se les valora y se les protege.
Racso Miro Quesada Vegas
Fuentes, pruebas y anexos
Articulo difamatorio de Expreso del 9 de Marzo, 2025
Replica enviada a Expreso y que fue censurada y solo publicada en parte.
Denuncia en contra mia, de Gloria Huapaya y de la Comunida de Cucuya, por falsificar documentos coloniales en contra de los intereses de Inmobiliaria Marathon, empresa del grupo Barros-Elberg.
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