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  • Foto del escritorRacso Miro Quesada

MIS TERRENOS

Actualizado: 20 jun 2022


Evalúa un campo y lo compra; con sus ganancias planta una viña. Proverbios 31, 16



PARA DESPEJAR DUDAS. RACSO MIRO QUESADA CUENTA LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS TERRENOS QUE HA COMPRADO.


Todos los terrenos que he comprado los he adquirido de buena fe. En ningún caso, como se pretende aducir, hemos invadido, forzado, usurpado o torcido ninguna ley, norma o decisión de ninguna autoridad. Cuando han ido apareciendo nuevos dueños y derechos, hemos tenido que comprar varias veces lo mismo y volver a pagar a distintas personas o entidades, ofreciendo siempre la compra, conciliación o partición antes que la acción legal sobre aquellos que han tenido menor derecho que el nuestro.


El negocio inmobiliario en el Perú suele ser complicado, sobre todo cuando el Estado reconoce el ejercicio del derecho de propiedad o posesión del mismo bien a distintas personas con derechos superpuestos. En ese caso le hemos pagado a todos. Situación que, en el colmo absoluto de los colmos, nuestra Fiscalía y cierta prensa aliada a ella, quiere poner como evidencia de mi mal proceder, aduciendo que, al haber querido comprar a otro yo estoy reconociendo que no soy el verdadero dueño guardando para sí, un lugar en los anales de la infamia.


  • Las Lomas de Jatosisa

  • Las Colinas de Pachacamac

  • La Raya y la Sashavaca

  • Los terrenos de los Condominios Las Bahias

  • Terrenos en las pampas interiores de Punta Negra

  • Punta Nueva Mar y Bosques,

  • Las Bahías de Coayllo


Las Lomas de Jatosisa.



En las Lomas de Jatosisa (2001 al 2003), terreno de dieciocho hectáreas que fue la primera urbanización de campo que desarrollamos, no se encontraron títulos registrados, sino una serie de posesionarios: campesinos colindantes y una iglesia evangélica. Se les compró su derecho a todos, pagándose un precio que todos acordamos y luego se tituló siguiendo un procedimiento administrativo que había entonces. El título salió en el 2005 cuando ya estaba todo vendido.


Luego de haber vendido los primeros lotes fuimos invadidos por la Comunidad Campesina de Pachacamac, quienes adujeron que el terreno era de ellos. La comunidad estaba reconocida como persona jurídica, existía desde tiempos inmemoriales, aunque había dejado de existir por décadas, tal vez siglos. Alguien la revivió y empadronó a los habitantes, que firmaron con la idea de que iban a recuperar terrenos. La policía no nos ayudó a pesar de que la comunidad no tenía ninguna ficha de propiedad registrada en Registros Públicos. Sus títulos eran ancestrales, venían del virreinato y cubrían desde el Jockey Plaza hasta Pachacamac. No hacía falta mucho reconocimiento: estaban ya sentados encima de nuestro terreno y se les pagó. No han habido denuncias ni reclamos, el condominio se vendió y es administrado por la asociación de propietarios desde entonces.


Se ganó 50,000 dolares descontando un prestamos inicial de 30,000 de una amiga abogada.


Las Colinas de Pachacamac.




Este terreno de cinco hectáreas fue el primer terreno en comprar para el negocio inmobiliario, pero el segundo en venderse. Se compró a un posesionario, de apellido Cuya, y se le pagó lo acordado. Años más tarde aquel posesionario lo invadió, diciendo que no se le había pagado, que el dinero se lo quedó el corredor, “que en paz descanse”. Me denunció por usurpación. Fui a declarar sin abogado, se explicó la situación y la investigación encontró culpable al corredor, al que se le obligó a pagarme US$ 5,000.00 dólares, no sé por qué a mí, igual nunca pagó. Lo importante es que nunca desalojaron al ex posesionario, ahora invasor.


¿La razón? Un fiscal no puede desalojar a un posesionario. Se requiere un juicio de años. Y para cuando termina el juicio ya no está él, sino que se ha puesto a otro. Hay que volver a empezar.


Se le tuvo que volver a pagar al posesionario porque no se quería ir. La forma fue que se le contrató para hacer un muro, luego hacer una puerta, luego ponerle un candado, pararse afuera y darme la llave. A través del trabajo a un precio sobrevaluado cobró dos veces, pero el problema se resolvió


La Raya y la Sachavaca.



Este terreno, inicialmente de alrededor de setenta hectáreas, nos lo ofreció un miembro de la comunidad campesina. Nos dijeron que podíamos pagarle en partes, de forma mensual, durante años, pero que había un problema: el terreno estaba invadido por la empresa avícola más grande del país. Fuimos a hablar con la avícola y no tenían intención de irse. Le habían comprado la posesión a un ocupante anterior y creían estar en pleno derecho.


Tenían además documentos de posesión otorgados por las autoridades, permisos de operación, creo que hasta RUC con la dirección del centro de operaciones en ese terreno que, dicho sea de paso, era un enjambre de moscas que afectaba la población colindante. Yo nunca he visto tantas moscas, al punto que el carro terminaba cubierto de negro como una alfombra. Los informes del Ministerio de Agricultura concluían, de motu propio, que las moscas venían no por la granja, no, sino porque la población colindante no tapaba bien su basura. Lo digo para dar una idea de lo difícil que sería desalojar a una empresa, que es líder productor avícola del país. Sus necesidades eran reconocidas por las autoridades del sector, no sin razón, como un tema de importancia estratégica y necesidad pública.


Al cabo de más de 10 meses de negociaciones con el gerente general de la avícola, luego de haber contratado un negociador experto, acordamos pagarles US$ 160,000.00 en cuotas mensuales como cargo por su reubicación. La avícola sabía que tenía posesión suficiente para prescribir, pero las comunidades campesinas son imprescriptibles y nosotros habíamos comprado los títulos a la comunidad, por lo que transaron y se fueron. Apareció otro problema: la ficha de la comunidad estaba sobrepuesta con la de Negociación Cieneguilla, una ficha registral inmensa de una familia que tenía siglos en Cieneguilla y que, básicamente, era dueña de medio el valle.


¿Tenía mayor derecho que nosotros Negociación Cieneguilla? No lo sé, nunca entramos a dilucidar. Llegamos a un acuerdo. Ambas fichas, la que habíamos comprado a la comunidad y la de Negociación Cieneguilla, estaban inscritas en Registros Públicos. La Ley de Comunidades Campesinas dice que debe borrarse cualquier título superpuesto con la comunidad que no esté inscrito en SUNARP para el año 1920. Sin embargo, la ficha de Negociación Cieneguilla era anterior a la revolución de Nicolas de Piérola, así que, título a título, nos habrían ganado. Sin embargo, nosotros compramos la posesión de la Avícola, que tenía el mayor derecho por décadas de posesión. A Negociación Cieneguilla le podíamos prescribir fácilmente. ¿Lo hicimos? No. Se acordó pagarles US $500,000.00 dólares en terrenos a fin de evitar un conflicto y nos dieron varios años de plazo para lograrlo.


Nuevamente, como siempre ha sido mi accionar, se resolvieron los problemas de forma pacífica, en beneficio de todos, sin intervención de ninguna autoridad. Situación diametralmente opuesta a la que me acusa el colaborador.


Los terrenos de los Condominios Las Bahías.



Estas aproximadamente quinientas hectáreas no tenían ni superposición ni posesionarios. Estaban libres, solo pertenecían a una comunidad campesina. Cuando los comuneros vieron que comprábamos a crédito y cumplíamos con pagar, empezaron a querer vendernos hasta la punta de los cerros.


Estos eran terrenos bien alejados de la ciudad que en ese momento nadie quería. Ahora tienen valor, pero ha tomado quince años de trabajo e inversión lograr empezar a desarrollarlos. No tenían ni acceso, ni luz, ni agua. Las pistas de acceso las hicimos nosotros, la luz es toda 100% energía solar, el agua es reciclada, sembramos más de veinte mil árboles, la basura la recogemos nosotros. No hay muros de material noble, solo cercos vivos, las casas son revestidas en barro, las ordenanzas sobre la forma de construcción las damos nosotros. Contribuimos con impuestos al municipio, pero no recibimos ningún servicio de la Municipalidad y lo preferimos así.


A los comuneros todavía se les está pagando y muchos viven una vida de clase media, gracias a los pagos que nosotros les hacemos todos los meses durante todo este tiempo. Son cerca de 50 contratos y cronogramas de pago. La comunidad era propietaria registral de estos terrenos y los únicos ocupantes eran chancheros que alimentaban a sus animales con la basura que dejaba ahí el camión municipal. Con el tiempo se fueron los chancheros y nosotros convertimos ese terral con basura en un lugar maravilloso.


Nota sobre el nombre. Durante años me han preguntado de dónde salió el nombre tan extraño. Recibimos una recomendación védica: por el día y hora en que se fundaba, una serie de sílabas debían estar en el nombre. Era una lista larguísima, va, sa, cha, sha, la, vi, sal, ya, ra, ca, ra, y no sé cuántas más. Pensamos que había que meterlas todas en el nombre y no podía entrar ninguna otra. Luego de horas de divagar solo salían dos nombres. Condominio La Raya y la Sashavaca, era uno, que es el que quedó. El segundo, por el que yo voté sin dudarlo: Condominio Que Viva la Salsa y el Shasha, Sarava.


Años después aprendimos que solo había que escoger una sílaba y ponerla delante, el resto no importaba que dijera. Sigo pensando que “Que Viva la Salsa y el Shasha, Sarava” es un nombre extraordinario para un condominio.



Terreno de 33 hectáreas en Punta Negra.



En este caso compramos la posesión a una Sra. Yauri, asesorados por el difunto abogado Dr. Calagua, muy conocido en Lurín, que era abogado de ambos. Pagamos US$ 100,000.00 por la posesión en una letra que fuimos amortizando. Como no sabía todavía mucho del negocio, nunca hicimos una búsqueda catastral, nadie lo hace. El terreno estaba medio vacío y tenía unos tanques de agua y restos de galpones remanentes de la granja que había conducido la familia Yauri por años en el lugar.


Resultó que tenía dos títulos superpuestos: el de Bienes Nacionales, que en ese entonces lo custodiaba SEDAPAL -y que antes había sido del Ministerio de Defensa-, y el título de San Bartolo, que dicho distrito había vendido décadas atrás a una familia privada. Por ser más antiguo, este título debía primar sobre el de SEDAPAL y este borrarse. Eso decía la norma de SUNARP y eso pensábamos. Aunque después aprendimos que no era tan sencillo.


Eventualmente SEDAPAL se dio cuenta que las ocho mil hectáreas que el Estado le había concedido para fines de arborizar con las aguas servidas de Lima no las iba a poder aprovechar. Por otro lado, una sentencia del Tribunal Constitucional dispuso que su título era inconstitucional y que si había posesionarios sobre estos terrenos, SEDAPAL debía comprarles la posesión, vía expropiación, sin importar que SEDAPAL tuviera un título o no.


Así lo hizo y, efectivamente, expropió 1 300 hectáreas de las 8,000 que se le dio y las pagó a valor de mercado. Es decir, el título que Bienes Nacionales esgrime como el del verdadero propietario contó cero a la hora de la valorización, no la mitad, no el tercio, no el 10 por ciento. Nada. El Estado reconoció que el título no valía y pagó el valor de mercado total a los posesionarios. Sobre el resto perdió interés, porque no estaban en capacidad de arborizarlas.


Por otro lado, subsistía el derecho de San Bartolo. La familia que compró dichos terrenos a San Bartolo aparentemente los había abandonado décadas atrás, pues nadie los conocía ni los había visto, o habían hecho acto alguno de presencia. Por nuestra parte cumplimos con hacer las publicaciones en El Peruano, se pusieron carteles y demás requisitos conforme a ley para ubicarlos. Nunca contestaron y la ley es muy clara: penaliza el abandono a favor de quien trabaja la tierra. Como al parecer no tenían interés, se prescribió y nos entregaron el título. Todo conforme a Ley.


Algunos pueden pensar que la prescripción es una leguleyada, como afirma la periodista de Hildebrant que me difama, a pesar de que existe en todos los países, en el derecho romano, sajón, chino y ruso. Pero no, si la usa un Miró Quesada es leguleyada. La prescripción penaliza el abandono de la propiedad y beneficia a quien la hace producir.


Debo aclarar que la ley no está ni remotamente inclinada hacia el posesionario. Todo lo contrario. El posesionario debe invertir su dinero sin seguridad jurídica durante 5 o 10 años, construir, sembrar, criar animales, realizar actividades, cercar y actuar como propietario, mientras que el propietario registral puede cortar la prescripción con absoluta facilidad y sin ningún costo. Solo necesita pasar por su terreno cada 4 años y medio y, si ve un ocupante, enviar una carta notarial diciendo usted está en mi terreno, retírese. Listo fin del proceso, no hay prescripción posible y el posesionario pierde todo lo invertido. La prescripción funciona solo si el propietario registral llega a un extremo de negligencia en el abandono de su propiedad.


Dicho terreno fue luego vendido a una empresa de Supermercados gigante a través de un contrato que incluyó una cláusula específica que hacía referencia clara a la aún superposición de partidas y el comprador, el referido supermercado, tenía pleno conocimiento de ello. Hoy esa venta atrajo a otras empresas a Punta Negra. Los terrenos que ve como pampas vacías en la foto satelital, son los que siguen enmarañados, porque nadie ha logrado sanear.


La operación fue investigada por la fiscalía dentro de la cacería a Miró Quesada que me han entablado durante 10 años, No encontraron nada incorrecto.




Terrenos de las pampas interiores de Punta Negra





Aproximadamente ochocientas hectáreas que fueron compradas a la Comunidad Campesinas de Cucuya a crédito. Luego transferí mi participación a una empresa donde intervienen otros inversionistas, manteniendo yo el 5% de participación.


El título de este terreno está superpuesto con otros dos títulos: (i) el de San Bartolo, incluyendo áreas que el municipio había vendido años atrás a privados y áreas que mantenía el título el municipio mismo de san bartolo; y (ii) el título de la SBN.


Luego, en algunas zonas había posesionarios.


Los posesionarios se fueron a otro lado, mayormente eran canteras y granjas, que no tenían interés en la propiedad sino en seguir produciendo donde nadie los venga a perturbar.


El título de la comunidad es superior a todos. Al del posesionario porque la propiedad de la comunidad es imprescriptible. A Bienes Nacionales porque su título es inconstitucional y a los que compraron a San Bartolo porque la ley de comunidades dice cierrese cualquier título superpuesto con la comunidad que no sea anterior a 1920. Y estos eran mucho más modernos.


Ahora bien, respecto a las otras áreas, es importante resaltar que la Comunidad Campesina de Cucuya tenía el título de mayor fuerza legal sobre el terreno en general, es decir, el título que prima sobre los otros derechos conforme lo establece la Ley de Comunidades Campesinas, Ley Nro. 24656, que prima sobre el derecho de San Bartolo. Porque así lo manda expresamente la Ley de Comunidades Campesinas y porque así lo mandan los tratados internacionales sobre protección de territorios comunales e indígenas de los que el Estado es signatario. El Estado se compromete a dar prioridad a los derechos comunales sobre terceros, más que nunca, cuando son derechos comunales superpuestos con propiedad estatal.


Además de esto se tenía más diez años de posesión ininterrumpida, es decir, antigüedad necesaria para la prescripción, tiempo en el cual se había instalado una tubería gigantesca para las lagunas de oxidación a fin de traer el agua servida que estaba yendo al mar.


Esta agua era tratada dos veces más dentro del terreno, convirtiéndola en agua para uso agrícola que servía para irrigar cientos de hectáreas de mandarinas de exportación. La posesión es incuestionable. Los árboles no mienten y su tamaño, de más de 6 metros de alto, delataba fácilmente los años de crecimiento y cuidado y, por ende, de posesión del terreno que se tenía.


Ambos elementos, tanto la titularidad de la Comunidad Campesina de Cucuya como la posesión, priman sobre el derecho de San Bartolo por sí mismos, sin necesidad del otro.


Con los privados que habían comprado a San Bartolo, pudiendo prescribirles o anular su títulos, llegamos a acuerdos que incluyó dividir el terreno para que cada parte conserve la mitad. Consideramos que habían comprado de buena fe.


Para ese entonces yo ya era un accionista minoritario y no he intervenido más en la administración.


Sé que se sigue exportando, trayendo divisas gracias a lo que era un desierto sin uso, se da trabajo a muchísima gente con lo que estaba paralizado y entrampado por el Estado y se ha conseguido limpiar enormes cantidades de aguas servidas que iban al mar, cosa que el Estado no había logrado hacer y que fue el objetivo para el cual el Estado estuvo dispuesto a entregar esos terrenos a SEDAPAL. Se ha conseguido que el Municipio de Punta Negra tenga un pulmón verde más grande que toda la zona urbana de Punta Negra.



Condominio Mar y Bosques, Punta Negra.



Este terreno de sesenta hectáreas lo compramos a un persona que nos lo ofreció al haber estado en posesión más de 10 años. Era el único posesionario de ese terreno, en el cual tenía hitos, una caseta, animales y documentación que lo respaldaba. Le pagamos cerca de US$ 600,000.00 a plazos.


Fue saliendo durante el tiempo que el terreno tenía una superposición con la Comunidad Campesina de Cucuya, con San Bartolo (que hay una ley que lo anula), con Bienes Nacionales (cuyo título fue declarado inconstitucional), con derechos de posesión de Santiago Gorbacho (que años más tarde fue declarado una falsificación) y por una señora de apellido Vilcapoma (que nadie la conocia, no había ningún resto de su presencia física y hasta ahora nadie entiende cómo obtuvo un certificado de posesión)


Desde el inicio invertimos en consolidar la posesión. Tuvimos un socio, empresario heredero de una de las grandes fortunas mineras del país, que puso dinero para hacer una carretera que lo atravesara, lo cual se realizó, para sembrar plantas en todo el terreno. El socio se retiró del negocio porque veía muy largo el camino del proyecto, así que se le devolvió su dinero entregándole un lote en otro condominio, que vendió. Todo esto está documentado.


En el año 2011 cerramos un contrato de inversión en ese terreno con una empresa ecuatoriana, la más grandes de ecuador, socia de la inmobiliaria más grande Perú y de la inmobiliaria más grande de Chile, la cual invirtió cerca de US$ 200,000.00 con lo que se sembró todo el terreno. Unos años más tarde esta empresa decidió salir del país, dando por terminados sus negocios. Les devolvimos el dinero invertido a través de lotes en otro condominio. En un gesto de amistad, años más tarde nos devolvieron los lotes pues ya no tenían ningún interés en Perú y no tenían quién se ocupará de nada. Nuevamente, toda esta operación está documentada.


Para el año 2011 ejerciamos la posesión del terreno en merito propio, en base a una escritura notarial (sin contar con los años de posesión acumulados del posesionario anterior), es decir, éramos propietarios con justo título, lo que, según el Código Civil peruano, implica la capacidad de prescribir cualquier derecho registral.


La fiscalía, convenientemente, obvia toda esta historia anterior. No sé si piensa que la empresa nunca existió o si era una asociación de videntes, que ya sabía, años antes, que íbamos a comprar el título de San Bartolo, ya que la fiscalía nos atribuye haberlo adquirido recién con la subasta del Municipio. También debe pensar una de las constructoras más grandes del continente no tiene abogados, no revisan los derechos de lo que compran, no hacen investigación alguna de los papeles antes de transferir US$ 200,000.00 dólares. O tal vez me atribuyen poderes hipnóticos, no lo sé. Sencillamente no se pronuncian sobre nada anterior a la subasta de San Bartolo. Se los he dicho veinte veces, es hablar a un muro


Iniciamos la venta de usufructos de lotes individuales en base a los derechos que teníamos. 300 familias compraron estos derechos. La mitad de los lotes que salieron en el terreno estaban cercados con cerco vivo, con tubería de riego, se estaba haciendo un muro, hay una caseta y la primera casa en construcción.


Nuevamente, no se si piensan que son 300 familias fantasmas, que nunca existieron, que no tuvieron abogados, que no revisaron nada para ver qué estaban comprando. Que no visitaron el terreno a ver si realmente estábamos ahí o estamos en posesión.


En el 2012. El colaborador eficaz, Willington Ojeda, nos informa que se va a vender el título de San Bartolo. Que el alcalde Barthelmess, hoy prófugo, tenía un ejército de abogados (creo que fue 4 veces alcalde para entonces), que había encontrado estos títulos perdidos que durante décadas nadie había usado, que se había dado cuenta que podía venderlos y que, con amigos capitalistas y el apoyo de la policía, estaba vendiendo los títulos para que luego los capitalistas entraran con una fuerza abrumadora a desalojar a quien estuviera en posesión.


También nos contó que iba a haber una subasta y que era mejor participar y comprarlos. Eso era totalmente ilegal. Nadie puede desalojarte por la fuerza de una posesión de años. Pero estaba sucediendo. Nuestro vecinos de años, que no accedió a comprar, fue desaparecido del mapa. Su casa desapareció con maquinaria pesada y su trabajo de años, la posesión que tenía quedó sepultada y no quedó ningún rastro. Cuando trajo a las autoridades a reclamar, no había posesión que mostrar.


Si bien lo que hicieron era ilegal, no es lo mismo probarlo o defenderte cuando el que te invade es un alcalde en funciones. Un alcalde mafioso, con toda la autoridad y el peso del Municipio y el apoyo de la comisaría y de todas las autoridades. “O ME PAGAS POR MIS TÍTULOS ESPURIOS O SE LOS VENDO A MIS AMIGOS QUE TE VAN A DESALOJAR POR LA FUERZA.”


Hay quienes dicen, como Bienes Nacionales, que no debí comprarle y me gustaría que se paren delante de un tractor con un alcalde mafioso dirigiéndolo y la policía secundándolo, a ver cómo les va. Bienes Nacionales no ha pisado esas pampas terreno en 35 años y se las quieren dar de machitos.


El colaborador, quien fue el autor intelectual de la subasta para vendernos esos títulos espurios, era de Punta Negra. Era miembro del Frente de Defensa de Punta Negra, amigo de toda la vida de Chela, la Ñata y demás líderes de invasiones. De José Delgado también, que fue detenido años después en un megaoperativo con 40 fiscales como alcalde de Punta Negra, y, junto al colaborador ya había sido gerente municipal en Punta Negra. Era compañero de carpeta en la universidad de la asistente y mano derecha del alcalde Barthelmes y conocía a todos los funcionarios de esa Municipalidad. Nos dijo que saldría publicado pronto y que en todo caso era más lógico participar que enfrentar al Municipio.


Conseguimos la plata y fuimos a la subasta. El dinero provino de los aportes de lo que había recaudado Punta Nueva Mar y Bosques, asociación civil que existe desde el año 2009 y que en su estatuto dispone que su sede social es este terreno, que estaba ya en plena construcción de cómo condominio. Dos días antes de la subasta el colaborador eficaz, combinado con la mafia que manejaba la Municipalidad de San Bartolo, cambian las ordenanzas de la subasta eliminando la cláusula que decía que si eras invadido el Municipio te devolvía la plata y eliminando la cláusula que dice que puedes ir pagando al crédito después de la subasta. Mientras se realizaba la subasta, en el día y hora de la subasta, el Frente de Defensa de Punta Negra invadió el terreno con 350 personas. Rompen las plantas, los cercos vivos, las casetas y el muro. Se instalan con esteras y no nos desalojan del terreno.


Nunca llaman, nunca hacen ninguna protesta, no llevan pancartas, no hacen marcha. Dicen hoy que era una protesta pacífica por la compra, pero no había ninguna vela, ninguna vigilia. Nosotros no habianos salido del Municipio luego de la subasta, cuando nos avisan que han agarrado a pedradas a nuestro personal y no los dejan entrar al terreno.


Cuando tratamos de negociar nos dicen que el terreno es de ellos y se van a quedar con él. No muestran ningún papel. Pasamos toda la noche en una batalla campal.


El colaborador eficaz, como conocía a gente local al ser de Punta Negra, se ofreció para pasar a desempeñarse como jefe de seguridad. Nos cobraba por el personal de seguridad. Personal nuestro nos contó que, en medio del fragor, la gente que había puesto el colaborador eficaz, se pasaba de un bando al otro durante toda la noche. El comisario de Punta Negra, nos lo confirma cuando nos increpa por pedir apoyo policial, mientras seguimos trabajando con Willington Ojeda. “Por qué siguen trabajando con él, si él es el que organiza las invasiones?” Mi socio optó por no creerle. Hoy, viendo la consistencia de su cv y su récord de denuncias y sentencias nadie podría negarlo.


La invasión se realiza en el momento mismo de la subasta, pero está planificada con semanas de anticipación. La gente es reclutada muchos días antes (está documentado por testimonio de los detenidos en la comisaría) . La invasión se realiza en el día y hora de la subasta, para permitirles cobrar doble. Por el lado del Municipio que esta mafia controlaba, y donde el alcalde es sentenciado por básicamente girarse cheques a sí mismo. Y por el lado de la invasión de lo que acaban de vender, que al parecer era la forma como Barthelmess le dejaba a sus subordinados el hueso y pellejo de la presa esquilmada. Atacan en el momento más vulnerable, acabamos de ganar en una subasta. Estábamos pensando en cualquier otra cosa.


Conseguimos apoyo de la policía, no en San Bartolo ni en Punta Negra, sino yendo a buscarlo y explicando la situación en Lurín. 100 policías y 30 caballos intervienen justo a tiempo, y logran el desalojo, cuando ya no nos quedaba aliento. Debo mencionar que, según las normas, en ese entonces sólo tenías 24 horas para desalojar a esos 350 invasores. Si se quedaban más tiempo, se convierte en ilegal desalojarlos y de hacerlo, tú pasas a ser el denunciado.


Durante los siguientes 2 meses, diariamente, hay conatos e intentos pequeños de invasión. Todos los días el colaborador eficaz nos cobraba fortunas por personal de seguridad. A los dos meses, hay otra mega invasión que, nuevamente, genera daños por US$ 30,000.00 dólares. Somos retirados del terreno por la fuerza. Lo volvemos a recuperar. Luego les ofrecemos, nuevamente, un terreno más al sur, del mismo tamaño, para que lo loticen y puedan construir ahí.


No lo aceptan. Nunca entendimos por qué. Mi teoría es que ellos querían votos en Punta Negra para elegir a Ojeda y luego a Delgado, los delincuentes que llegaron a ser alcaldes. Cuando están organizando la tercera invasión, la policía, que tenía infiltrados en las convocatorias y venta de cupos para lotes, se cansa de ellos y apresa a los cabecillas.


Se dedican a hacernos la guerra en la fiscalía, Bienes Nacionales y a conseguir el apoyo de Ollanta Humala, que personalmente firma el pedido de que se me investigue. Son 10 años de investigación. En el interín los dos miembros del Frente de Defensa son elegidos alcaldes con los votos de invasores, que han tomado el distrito.


Ambos son detenidos por mega operaciones casi industriales de apropiación de terrenos de terceros. Mismo modus operandi: cambian los papeles de posesión en el municipio, le quitan el terreno a gente que no viene y los ponen a nombre de amigos suyos. Cuentan con la colaboración de todos los funcionarios del municipio, que son sus secuaces, nombrados por ellos. En la detención de cada uno en su momento participaron 500 policías y 40 fiscales luego de 9 meses de seguimientos y escuchas.


Tal vez habría sido más barato dejarnos invadir, perder lo invertido y pagado a San Bartolo que sostener una guerra contra la mafia de Punta Negra y San Bartolo que nos tiró encima los ataques de la fiscalía, conminó a Bienes Nacionales a perseguirnos en desacato del Tribunal Constitucional y nos lanzó una campaña de desprestigio en medios que ha durado hasta hoy. Sería menos indignante que ver a Willington Ojeda, alcalde mafioso, salir libre en un acuerdo con la fiscalía por decir que yo he invadido todos mis terrenos, que tengo una vida criminal y he convalidado con corrupción de funcionarios todos mis terrenos, mientras la fiscalía, por interés político, lo aplaude como foca.


A pesar de haber ganado todos los juicios en todas las instancias, sigo en calidad de investigado pues la fiscalía vuelve siempre sobre lo mismo con otro nombre. Sino es corrupción, es lavado de activos. Si no es lavado de activos, es estelionato. Hasta en las últimas declaraciones de la fiscalía, filtradas a la prensa, insisten en mencionar “la compra irregular del lote 201”, ¿qué derecho tienen a hacer eso desconociendo que es un tema juzgado, únicamente para desprestigiar?


[E]l derecho a un «plazo razonable» tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se realice prontamente. En consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y, por tanto, no puede ser desconocido.



Terreno de Coayllo, aproximadamente 60 hectáreas.





Son adquiridas mediante una laudo arbitral en cobro de una deuda de US $350,000.00 dólares. La expansión de este terreno es comprada a la Comunidad Campesina de Coayllo. No tiene superposiciones ni demandas.


El condominio se viene desarrollando lentamente. Es el último que emprendo. El único que realizamos luego de lo que sucedió en Punta Negra y que tuvimos que distraer 10 años en defendernos.


Terrenos al norte de Lima


Aún no están desarrollados, vendidos ni consolidados. Estos terrenos no los menciono porque he decidido ponerlos a nombre de mi Fundación y retirarme del negocio.



Racso Miro Quesada V.










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