Introduccion
Para empezar a entender los sucesos que discutiremos es imprescindible conocer las circunstancias y el contexto en que tienen lugar los eventos.
Explicación sobre los terrenos de Punta Negra, San Bartolo y Punta Hermosa
Los terrenos acá mencionados, son parte de las casi 40,000 hectáreas, que forman la zona de expansión al sur de la capital, han recibido un nivel de normas contradictorias que hacen virtual y literalmente imposible saber a quién tiene uno que dirigirse si se quiere comprar algo.
En esta zona, el Estado ha entregado en diferentes momentos títulos de propiedad sobre exactamente los mismos terrenos a municipios, Ministerio de Defensa, Sedapal, comunidades campesinas y diversos posesionarios, diciendo a cada uno que son los únicos y verdaderos propietarios o posesionarios.
Décadas más tarde, el Estado aún no determina qué criterio aplicar para resolver las superposiciones, ni advierte del peligro que representa su existencia.
Para mayor entendimiento sobre el contexto descrito rogamos al lector que pueda leer previamente,
EL ROL NEFASTO DE BIENES NACIONALES EN EL DESARROLLO DEL PAÍS:
PRENSA Y SUCIEDAD
Voy a analizar cada artículo de esta serie, en base a las acusaciones que hacen con la información a la que ambas partes teníamos acceso en el momento en que se escribe. No se puede mantener el orden de otra manera. En este caso puntual, se trata de un entrevista por Messenger, que realiza María del Carmen Yrigoyen del medio Hildebrandt en sus trece el día 8 de abril. Cada una de las acusaciones, que aparecen después del artículo serán contestadas en el artículo correspondiente y en el orden establecido. Y esperamos seguir contestando si aparecen nuevas interrogantes.
SOBRE EL ARTÍCULO PUBLICADO EN HILDEBRANDT EN SUS TRECE
Dentro de las denuncias e infamias que sobre mi persona se han dicho, debo decir que el artículo de Hildebrandt en su trece, contrario a lo que uno podría pensar, es el más decente, pues, si bien miente, inventa y tergiversa, por lo menos me entrevista; oculta las afirmaciones mías que no le conviene pero cuando menos, me cita.
A continuación analizamos las aseveraciones más importantes que hace el artículo y consideramos importante esclarecer o rebatir.
PRIMERA ASEVERACIÓN
La periodista Yrigoyen comienza la nota con una típica expresión de quien no ha salido de las cuatro paredes de su barrio céntrico o residencial. El que se desnuda porque piensa que el término “posesión” te insulta, que tiene un carácter peyorativo.
La propiedad en el Perú es constitutiva, se lo explicamos, le entró por una oreja, le salió por la otra. Significa que tú te constituyes en propietario al estar en posesión del bien. Así aparecen los títulos en el Perú. No es declarativa como en los países de habla sajona.
Todos los valles del Perú han sido entregados a los posesionarios, 1972, gobierno revolucionario de las fuerzas armadas. Todas las comunidades campesinas han sido reconocidas como propietarias de sus posesiones, que ocupan más de la mitad del país. Alrededor del 50% de los predios de Lima proviene de posesiones.
La periodista se arriesga a parecer ignorante por cuanto la posesión no es solo un atributo de la tierra, la posesión es un atributo de las cosas. Cuando un policía ve que te arrancan un reloj, pita al ladrón, porque aplica el principio de la posesión, y dice: nadie puede ser retirado de la posesión de un bien por la fuerza, no te pide que pruebes que eres propietario. ¿Cómo lo probarías? Asume tu derecho a mantener la posesión, salvo orden judicial contraria.
Ahora dice que recurro a la “posesión precaria” y se sorprende que no me avergüence. Yo no me avergüenzo de nada que pueda compartir con el resto de mis compatriotas. El doctor Anibal Torres dice: “Poseedor precario es el que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca lo tuvo o porque el que tenía ha fenecido.”
El problema es que para poder insultarme con sus calificativos, miente con descaro. No solo porque jamás me avergonzaría, sino porque el hecho no es verdad. He comprado cada terreno que he adquirido mediante escritura pública, por lo que en ningún caso he mantenido una posesión precaria, aunque no tendría nada de malo. Le he pedido que pruebe, mencione o sugiera cuál terreno es aquel en el he tenido alguna vez una posesión precaria. Se lo he preguntado pero hasta ahora no contesta.
SEGUNDA ASEVERACIÓN
Una vez más, la periodista busca aleccionarme por no compartir sus mismos prejuicios.
Wikipedia enuncia como principio universal: “La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva..., es un modo de adquirir la propiedad de una cosa. La prescripción adquisitiva compete a aquella persona que, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, ha poseído un bien inmueble. El fundamento de la usucapión, desde el punto de vista del sujeto activo, responde a la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre de derechos [...] La prescripción adquisitiva descansa en la inercia del auténtico propietario del bien, quien lo abandonó o dejó en manos de otro poseedor, inercia que da lugar a la usucapión, que constituirá la sanción impuesta al propietario negligente”.
¿En qué momento Wikipedia asevera que esto tiene algo que ver con “tráfico de terreno previamente invadidos”, como le sugiere su muy particular diccionario de “los prejuicios del habla criolla”?
CÓMO FUE LA VERDADERA HISTORIA
De un tiempo a esta parte, compré la posesión de un terreno en Punta Negra. De todos los que reclaman o reclamaron ese terreno, soy el único que pagué por él. No solo lo compré una vez, sino que llegué a pagar por él hasta dos veces. Pero de alguna manera, de acuerdo a su medio, yo termino resultando el traficante de terrenos.
Desde que lo compré, me dediqué a ir saneándolo y logré que lo que el Estado había paralizado durante 50 años por un cúmulo de posesiones y títulos superpuestos, otorgados por el propio Estado, se reinserte a la actividad economica, recibiera inversiones, obtuviera seguridad jurídica, brindara trabajo y pagase impuestos.
A los 5 años de haberlo comprado, luego de haber recibido inversiones de más de 300 familias, haber hecho un joint venture para captar inversión extranjera para el mismo y haber completado una serie obras de infraestructura, el terreno es invadido por una turba de 350 personas que portando palos, piedras y esteras, se posesionaron en el terreno, disparando armas de fuego. (Ver anexo 1)
Me gustaria saber qué harían los periodistas de su medio si un turba similar los expulsa de su casas a palazos, agarran su carro a pedradas, le rompen 100,000 soles de sus propiedad y les dicen que ya no pueden entrar a su casa, dando una serie de excusas extrañas, como que están ahí para ver aterrizar a paracaidistas, mientras lotizan con cal los espacios en su sala y los transan entre ellos. Me pregunto si también publicarían que se trata de una vigilia, que son pobres inocentes realizando una protesta.
Todos sabemos que los medios manipulan, pero llegar a dar un giro de 180 grados para presentar a los que invaden como inocentes, a los que pagan como traficantes y a los que enredan el orden jurídico como albaceas del derecho de propiedad, realmente desafía la imaginación más kafkiana.
SIGAMOS CON LAS DOS PRIMERAS ASEVERACIONES.
Sobre la acusación de “tráfico de terrenos”
No he encontrado una definición en el Código Civil. Sorprendentemente no está tipificado como delito en la ley peruana. En Internet se lee: “El tráfico de terrenos o el comercio ilegal de terrenos refiere a la usurpación, apropiación ilegal y/o el comercio de tierras”.
Su medio me acusa de haber usurpado o apropiado ilegalmente un terreno y yo le reto a que precise cuál es el terreno usurpado o apropiado ilegalmente. Todos y cada uno de los terrenos que he adquirido, los he comprado ante notario público, de gente que tenía papeles, que fueron representados por abogados y los montos transferidos, bancarizados.
No tengo ninguna persona que se queje de haber sido violentado, atarantado, forzado, engañado o usurpado, en una carrera de 25 años, alrededor de 2,000 lotes vendidos, más de 100 casas entregadas, y 72 compras ejecutadas con todas las partes satisfechas. Esto hasta sus acusaciones.
Sobre “predios previamente invadidos”
“tráfico de terrenos con predios previamente invadidos”
¿Cómo puede concluir la periodista que las posesiones que compro son de terrenos que otros invadieron 25 años atrás? No existe documento, foto, denuncia o prueba que sugiera eso, yo no estaba ahí, no sé qué edad tenía ella en ese momento. Cuando le pregunto de dónde saca esa información, no contesta. Nuevamente, entendemos que su afirmación es simplemente otra mentira.
En lo que a mí respecta, hace 15 años compré una posesión de un ocupante pacífico, que entró caminando hace 25 años a una pampa vacía. Sembró, crió animales, pagó autovaluos, cercó y actuó como propietario.
Desconocer el derecho de posesión pacífica, como plantea la periodista, y compararlo con una “invasión”, que es un delito por el cual se ingresa violentamente a un predio y se despoja de él a su propietario, es declarar delincuentes a los millones de campesinos, ocupantes sin título, y a los habitantes de todos los distritos que ya hoy se han formalizado.
Sobre la compra de terrenos en litigio
Comprar terrenos con problemas judiciales es una actividad económica válida, ayuda a resolver una situación de incertidumbre en la que perdemos todos como sociedad por tener activos paralizados, que no generan inversión, ni trabajo, ni impuestos. Cada quien es libre de hacer su evaluación, comprar un terreno en litigio y asumir el riesgo que conlleva con el patrimonio que está dispuesto a arriesgar. Prohibir o satanizar el comercio de terrenos en litigio y mantener la propiedad superpuesta inmoviliza activos valiosos y perjudica a la sociedad.
En cuanto a las superposiciones que tiene el terreno en particular, mi intención fue comprarle a todos los que tienen algún derecho o algún reclamo válido. ¿Es acaso esa una actitud incorrecta? En otro absurdo, parecen querer usar mi voluntad de comprar a todos como una prueba de mal proceder. El mundo al revés.
A Bienes Nacionales, como a los demás, les ofrecí comprarle su derecho. Bienes Nacionales no lo vendió por ineptitud, con la consiguiente pérdida para el Estado .
Ahora se excusan diciendo que es porque estaba reservado para el proyecto de reforestación. Omiten decir:
que el proyecto de reforestación fue cancelado por Sedapal, casi una década antes, públicamente, porque no tenía cómo realizarlo y abandonaron la custodia de esos terrenos.
que quienes llevamos el agua servida de Sedapal hasta allá e hicimos realidad la reforestación de mil hectáreas del desierto de punta negra fuimos nosotros, no el Estado.
que el Tribunal Constitucional ya había referido en diversas ocasiones que el título de Bienes Nacionales era inconstitucional, bajo la Constitución con que se dio y bajo la Constitución actual. Sus sentencias pretenden ser vinculantes y de cumplimiento obligatorio,
que el Tribunal Constitucional obligó al Estado a que si quería usar, disponer, poseer o hacer cualquier cosa en las pampas de San Bartolo, Punta Hermosa y Punta Negra, debía comprar la propiedad a los posesionarios, al valor de mercado, sin descontar un dólar por mérito al título impugnado que hoy esgrime nuevamente Bienes Nacionales como porfiado.
que el Ministro de economía de ese entonces acata y acepta que no es dueño de nada, limita el proyecto a 1300 ha (de las 40,000 que tiene la ficha de Bienes Nacionales), gira un cheque y le paga el valor de mercado de esas tierras a los posesionarios.
TERCERA ASEVERACIÓN
La periodista refiere:
Sobre los legítimos dueños
“Sin haberla comprado a su legítimo dueño, se estableció en ella, construyó pistas y casas y sembró algunas plantas”
Sería bueno que la periodista defina quién es “su legítimo propietario”. Si hay cinco o seis personas o entidades que aducen la propiedad y todos tienen papeles, títulos o inscripciones que se impugnan entre ellos, sin que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Congreso hayan logrado determinar la prevalencia de ninguno de los derechos, ¿a quién se refiere ella con “su legítimo propietario”? ¿Sabe algo la periodista que los magistrados desconocen sobre cómo dirimir los derechos de propiedad en esta pampa? Haría bien en informarnos. Sin embargo, no contesta a la pregunta
De los 6 supuestos derechos o propietarios, yo le compré a 2; se llegó a un acuerdo con el tercero, al que compré más de 1000 hectáreas a través de los años; el cuarto resultó probarse judicialmente que era un estafador; el quinto desapareció su pretensión, y sobre el sexto, el Tribunal Constitucional declaró que no tenía derecho a nada. ¿Cuál es el legítimo propietario al que no le compré? De nuevo, la periodista acusa y al verse interpelada, se niega a contestar.
CUARTA ASEVERACIÓN
Sobre la “prescripción adquisitiva”.
“una leguleyada que le sirvió para pedir luego la prescripción adquisitiva”
RAE, Leguleyada: Maniobra o recurso fraudulentos con apariencia de legalidad
La prescripción adquisitiva es una figura legal que está en el Código Civil, en todos los países, millones la han usado, como ya nos cansamos de decir, y ustedes de escuchar. Hoy, gracias a la simplificación, si cumples una serie de requisitos ni siquiera es necesario presentarte ante un juez, basta el Notario para prescribir. Sin embargo, parece que si yo la uso, a la periodista le molesta y lo equipara sin pudor alguno con un “recurso fraudulento”,
Ahora lo más ridículo de esta acusación es que yo no he pedido la prescripción adquisitiva. Otra vez, la afirmación es una mentira inventada por la periodista. Muy por el contrario, yo fuí el único que ofreció comprar a todos los tenedores de algún derecho para no dejar ningún perjudicado. ¿A esto llaman periodismo?.
QUINTA ASEVERACIÓN
Sobre que los invasores tenían derechos sobre el terreno
La realidad es que de todos los que tenían títulos superpuestos sobre este terreno (Bienes Nacionales, Sedapal, la Municipalidad de San Bartolo y los diversos posesionarios acreditados), los únicos que realmente querían apropiarse del terreno sin pagarle a nadie eran los invasores que la periodista defiende y son los únicos que, con absoluta seguridad, no tenían ni documento, ni posesión previa.
El derecho que arguyen se basa en tres fundamentos, ninguno de los cuales tienen un sustento legal para ser base a apropiarse un terreno de terceros:
El derecho a ver aterrizar en el terreno a paracaidistas.
Que era su zona de esparcimiento.
Que era su zona de evacuación en caso de un tsunami
Estas afirmaciones se repiten una y otra vez en todos los reportajes de diversos de estos medios. No solo no verifican fuentes, tampoco se toman la molestia de seguir la lógica interna de esas afirmaciones.
Los paracaidistas no buscan aterrizar al lado de la Panamericana y de los cables de luz, ni en terreno inclinado sin acceso vehicular para recabar su paracaídas. El derecho a ver aterrizar paracaidistas no está consagrado en ninguna norma republicana.
En cinco años de posesión nunca vimos a nadie realizar ninguna actividad de esparcimiento, ni venir a proponer la necesidad de alguna zona para ello. Cuando ocurrió la invasión, nosotros ofrecimos reubicarlos a un terreno del mismo tamaño. No aceptaron ni comunicaron al resto de los 350 invasores, que se les estaba ofreciendo un terreno sin costo.
La Panamericana Sur antes del inicio del terreno ya está a 60 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Temen una ola de 60 metros de alto? Es el equivalente a un edificio de 20 pisos que cubriría desde La Punta hasta la universidad de San Marcos, sumergiendo el aeropuerto Jorge Chávez bajo 30 metros de agua.
SEXTA ASEVERACIÓN
Sobre el argumento que San Bartolo cometió una irregularidad al vender un terreno en Punta Negra
Esto lo han venido repitiendo los medios 70 veces. No lo quieren entender a pesar de ser un tema absurdamente sencillo. Una Municipalidad es una persona jurídica, puede tener un terreno fuera de su jurisdicción como cualquier persona jurídica. El Perú tuvo un terreno en Francia y tiene un terreno en Arica; Ecuador tiene un terreno en nuestro lado de la cordillera del Cóndor; Bolivia tiene un terreno en la playa en Perú; la Municipalidad de Miraflores tiene un mercado en Surquillo. Nada tiene que ver dónde está la persona jurídica con respecto a dónde está su propiedad. Pero sobre esto tan sencillo, siguen pretendiendo confusión para sugerir o deslizar un tono a irregularidad.
SÉPTIMA ASEVERACIÓN
Sobre el precio de compra del terreno de San Bartolo
Se tiene que saber algo que, al parecer, o no quiso entender la periodista o lo que es peor, no le era cómodo discernir: el terreno tenía 5 títulos de propiedad SUPERPUESTOS, que apuntaban a 5 propietarios distintos, independientes, cada uno con derechos excluyentes uno del otro.
El título de San Bartolo era uno más, es más, ni siquiera era válido, no lo digo yo, lo dice Bienes Nacionales, la periodista lo sabe porque así lo dice: Tiene una ley puntual que lo anula.
Ese título no valía. Lo compramos porque el alcalde Barthelmess, quien terminó prófugo, se lo vendía a mafias de invasores corporativos, que tomaron miles de hectáreas a la fuerza, expulsando ilegalmente a los posesionarios, amparados en que la Policía le hacía caso al alcalde, como no podía ser de otra manera. Mi subasta fue la del lote 201. Barthelmess vendió también el 202, 203, 204, 205, hasta casi el 230, no a los pobres posesionarios que tenían años ahí, sino a terceros capitalistas sin miramientos, que expulsaron ilegalmente a los posesionarios valiéndose de ese título invalido, de la autoridad del alcalde y de la fuerza de la Policía.
El título tuve que comprarlo para no terminar enfrentado en una guerra física por la posesión, al poder de un alcalde en funciones. Situación por la que Bienes Nacionales (poseedor de un título declarado inconstitucional), se indigna, aduciendo que se debió rechazar la subasta, decir que Bienes Nacionales era el verdadero propietario, y luego ser arrollado por un tractor del Municipio. Por no actuar así, me enjuician, sin salir de la comodidad de su oficina y sin jamás haber pisado ni defendido esos terrenos, que para colmo, ni siquiera son suyos.
Bienes Nacionales hace la doble aseveración, a veces en el mismo documento, otras, en diferentes procesos de, por un lado, decir que el título que compré no valía nada, que debe cerrarse, que es un título carente de derecho alguno para, ahí mismo, argumentar que pagué muy poco por ese título, que valía 5 veces más y debería ser enjuiciado por no pagar lo que valía, y que también debo restituirlos a ellos. Acto seguido vuelven a argumentar que el título igual debe cerrarse porque, independiente de lo que pagué, es un título que no vale nada. Al año siguiente comienzan nuevamente con que pagué muy poco y luego con que debe cerrarse. Uno se pregunta la pregunta básica que se haría todo ciudadano, ¿pagué muy poco por algo que valía más? ¿o me engañaron vendiéndome algo que no valía nada? Ambas cosas no pueden ser ciertas, pero Bienes Nacionales no parece ver ninguna contradicción, como el gato de Shrödinger, está en distintos lugares en el espacio al mismo tiempo.
OCTAVA ASEVERACIÓN
Sobre la No investigación
Otra de las mentiras que dice la prensa es que yo pagué porque no se me investigue. No cuentan que por esta compraventa de cuatro páginas me han investigado y vuelto a investigar durante 10 años, del derecho y del revés, mientras todos los ciudadanos estamos supuestamente protegidos de un exceso de investigación, la mía ha durado 10 años. La investigación en mi contra fue dirigida a la Fiscalía con la mismísima firma del presidente Ollanta Humala. Tampoco se cuenta que he sido enjuiciado por Bienes Nacionales, la Fiscalía y la procuraduría, en diferentes juzgados, bajo distintos argumentos, algunos, como pueden ver, contradictorios entre ellos (buscando ver cuál pega) y a lo largo de 10 años he sido exonerado en todas y cada una de las instancias y declarado inocente de todo cargo hasta en la Corte Suprema.
Sobre las tasaciones
Volviendo a las tasaciones: van de 1 a 5 dólares por m2 para un terreno similar libre de toda superposición o carga. Este terreno tenía un posesionario con capacidad para prescribir, estaba ocupado. San Bartolo no estaba entregando una llave, estaba entregando un título sin valor, superpuesto con otros 5 títulos adicionales. Por elemental sentido común, cada título valía en el mejor de los casos 1 dólar. Considerando el supuesto caso de que alguno no vendiera o decidiera ir a un proceso judicial de años (como así ocurrió), el precio real debería haber sido menor, ya que se contempla el riesgo legal, el costo del proceso y el tiempo que el dinero ha de permanecer paralizado por los procesos antes de poder ser usado.
Sobre el secreto de la subasta y el cambio en las ordenanzas
Es clamorosamente falso que la subasta del título de San Bartolo fuera un secreto que solo yo conocía: 350 personas se prepararon con días de anticipación para, luego de 50 años, invadir ese terreno en el día y hora en que se daba la subasta.
Por lo que se tiene evidencia, la invasión ya está organizada 3 días antes de la subasta. Las ordenanzas se cambian apresuradamente 2 días antes, acción por la cual el alcalde va preso (también por usar la chequera del Municipio como propia). ¿Pero qué es lo que Barthelmess cambia en la ordenanza?
Donde decía que se dará crédito para la venta de terrenos, ahora dice que los terrenos se tendrán que comprar al contado; donde decía que en caso de invasión se devuelve la plata, ahora dice que, de haber invasión, no se devuelve un centavo.
Es evidente que el apremio por cambiar las ordenanzas 48 horas previas a la invasión que yo desconocía, era protegerse de la invasión y quedarse con el dinero del incauto.
Sin embargo, la teoría que esbozan estos medios y la fiscalía es que yo dirigía el cambio de la subasta, que yo digitaba la ordenanzas. O sea, yo cambio las ordenanzas porque se me ocurrió que, si invaden mi terreno, es preferible que no me devuelvan mi inversión.
En los casos de corrupción en licitaciones, los constructores ganan influenciando las bases y los requisitos. Si yo manejaba la subasta, ¿por qué las bases de la licitación dicen que se vende el terreno libre, cuando tenía 5 superposiciones y un ocupante? ¿Cómo se concluye que yo controlo la subasta, pero a la vez miento en las bases para perjudicarme y hacer parecer el bien más preciado de lo que era, cuando podría haber vetado postulantes simplemente contando la realidad? Dejan ver que yo manejaba el Municipio, ¿pero en mi propio perjuicio?
El único postor en la subasta del derecho de San Bartolo fue quien estaba en posesión del terreno. Lo pone como un acto sospechoso y oculta la información que maneja: que quien lo hubiera comprado habría tenido que:
desalojarnos a nosotros, que teníamos 15 años de posesión acumulada,
pelearse con Bienes Nacionales, que insiste en que hay una ley que les otorga a ellos la propiedad
oponerse a la comunidad de Cucuya, que tiene el título más reciente con una protección constitucional que da prioridad a sus terrenos sobre los privados o del Estado,
ir a juicio con el sr. Gorbacho, que tenía una escritura judicial con la que embargó la ficha,
y también pelearse con la señora Vilcapoma, que ya lleva una década reclamando y enjuiciando a todo el mundo.
Además de ver cómo resolver la intangibilidad que limita el terreno a proyectos de reforestación, que no se podían realizar.
Bienes Nacionales se queja de que solo se presentó un postor a una subasta de un terreno en posesión de ese postor. ¿Qué está haciendo hoy Bienes Nacionales? Ha sacado una norma que le permite vender, como en efecto vende, a todo posesionario que quiera comprar SIN SUBASTA. A un precio fijado solamente por funcionarios de Bienes Nacionales o sus proveedores contratados a discreción. En casa del herrero, ¿cuchillo de palo?
Quién es el Frente de defensa de Punta Negra
El Frente de defensa de Punta Negra, que nutre a la periodista de información tergiversada y moldea su punto de vista, es una organización que defiende a los invasores a cambio de votos y cuyos miembros llegaron a convertirse en alcaldes, sólo para luego ser detenidos en megaoperativos contra la corrupción.
Destacados dirigentes del Frente de Defensa de Punta Negra son
Si lee el detalle de las notas, puede ver que emplean el mismo modus operandi.
Estos son los sujetos que hacen aseveraciones en mi contra y la prensa publica sin verificación alguna.
NOVENA ASEVERACIÓN
Sobre los mails acerca del fiscal
El proceso al fiscal y al abogado ha terminado en una confesión firmada por la Fiscalía, donde todas las partes acuerdan que hubo cohecho pasivo.
Los ciudadanos estamos constantemente bajo extorsión por funcionarios de todos los estamentos que se niegan a realizar su trabajo como y cuando deben.
En general, lo que asegura la Fiscalía y replican los medios como opinión suya es que un abogado concertó con el fiscal
por embarrar a unas inocentes que protestaban pacíficamente
por cerrar una investigación en mi contra por la compra del título de San Bartolo.
Analicemos, hacer efectivo el lograr embarrar a personas inocentes y que logren ir presas,
¿qué implicaría?
El fiscal no tiene capacidad de meter preso. La decisión la toma un juez con las pruebas presentadas, y es revisada por la junta de fiscales. Así que Rojas debió fraguar todas las pruebas que se presentaron y que fueron evaluadas por terceras personas.
Para lograr sus objetivos, el fiscal debería, primero, haber ubicado falsamente a estas personas inocentes que estaban en una protesta pacífica, y colocarlas dentro de un terreno privado, invadiéndolo y destruyéndolo.
No digo que no se pueda hacer, pero requeriría muchas horas de edición de video, en que habría que hacer una edición de imágenes sobrepuestas de estas personas invadiendo un terreno, rompiendo todo y arengando.
Además, queda el problema de los policías. 100 policías estuvieron ahí para el desalojo y salieron heridos. Inclusive 30 caballos. Rojas no hubiera podido conminar a 100 policías a realizar una coreografía de desalojo para luego llenar los espacios donde se ubicaría a los invasores empleando imágenes de los invasores con actores digitales. Tal tecnología existe, aunque dudo que los plazos para realizar algo así llegasen a alcanzar. Es un proceso largo, milimétrico y tedioso.
Acá se tiene que haber recurrido a tecnología “criolla”, como diría la periodista, algo rancia y disponible para la Fiscalía de Lurín. ¿Actores? 350 actores, no es tan difícil. La mayoría, extras; solo se precisa de actores de nivel para interpretar a las denunciadas a las que pretende embarrar. Para ello, se tendría que haber buscado gente de similar contextura a las imputadas para que aparezcan en los videos filmados por la Policía. Lo más fácil en ese sentido tendría que haber sido el uso de máscaras, en base a la tecnología que se ha demostrado en “Misión imposible”.
Un tema adicional que Rojas debería resolver es cómo logra obtener que estas personas lleguen a firmar una confesión en la misma comisaría, como efectivamente firmaron; lleguen a declarar que vendían opciones de compra de lotes en un terreno, bajo la promesa de invadirlo; detallen quiénes organizaban; donde se reunían, cuánto cobraban, en qué lugar recababan incautos, y quienes se quedaban con la plata. Esto, hoy lo sabemos, sería fácilmente lograble suministrando drogas que nublan la voluntad. Se requiere para llevar a cabo tamaña operación, la colaboración de los policías, que deben permitir que una persona externa les dicte o empuje a las denunciadas a brindar la declaración que se requiere. No es difícil que las dopen sin darse cuenta. Lo extraño es que las propias imputadas no hayan renegado hasta este momento de dicha declaración obtenida sin su consentimiento consciente.
La hipótesis que manejamos es que Rojas contrata los servicios de un excelente hipnotizador, que logra, a punta de repetir semanalmente el procedimiento a ellas y a sus abogados, que nunca llegue a acceder a la conciencia el recuerdo de tener una confesión firmada de delitos que no cometieron.
Dos cosas llaman la atención poderosamente.
La primera es lo poco que cobraba Rojas por tan sofisticados servicios de embarre. Rojas habría logrado todo esto por la módica suma de 100 soles por visita, que es lo que ha confesado y la Fiscalía ha aceptado que era lo que él recibía por sus abnegados servicios.
Pero lo que más me llama la atención y me devano la cabeza tratando de entender es por qué, cómo y de qué manera el fiscal decidió encarcelar a nuestra colaboradora. Menudo arreglo aquel cuyo resultado es que tengo que vender mi casa y abandonar un proyecto de 1000 hectáreas.
Karina Becerra, alias “La ñata”, había pasado a ser nuestra colaboradora, nos dio toda la información y se volvió nuevamente en contra nuestra luego de la resolución del fiscal. Con justa razón, se sintió traicionada al haber aceptado su crimen, delatado a sus cómplices y aportado todas las pruebas, para haber sido luego procesada penalmente con esas mismas pruebas. Fue una canallada horrorosa, no mía, pues yo solicité que se la exonerase, ya que había venido a pedir protección y a contarnos todo. El fiscal decidió hacer caso omiso al pedido, haciéndome ver como un traidor, como persona maliciosa y artera, en la que no se podía confiar. Para “la Ñata” y su familia, yo pasé a ser el enemigo número uno, tuve que vender mi casa, mudarme y abandonar mis proyectos en Punta Negra. Cómo convivir en la misma playa con gente que invade terrenos a mano armada, a la que en teoría has traicionado. Pues una cosa es pagar una deuda o una disputa y otra cosa es pagar una traición. De esa manera acabó con toda colaboración y perdí para siempre cualquier posibilidad de entendimiento en una zona a la que había dedicado 20 años de vida. Me he preguntado cada día qué pasó y por qué todo salió tan mal. Qué hablaban estos abogados y qué pretendían hacer, creo que nunca lo sabré. Willington Ojeda fue despedido, nos demoró mucho entender lo que el comisario de Punta Negra nos vino a decir: que Ojeda, el ahora colaborador eficaz que nos cobraba por personal de seguridad, era uno de los que organizaba la invasión.
Racso Miro Quesada V.
Comments