El 23 de marzo me hacen saber que el periodista Jorge Dett, del programa Punto Final de Mónica Delta , quiere una entrevista conmigo, . Me cuenta que un testigo protegido sostiene que yo, Racso Miro Quesada, influencié a un fiscal para que encarcelase a unas señoras hace 10 años.
Le expliqué en forma detallada y documentada:
PRIMERO
Que cuando fueron apresadas dichas señoras ya habían organizado tres invasiones. Que tenían antecedentes por cobrar cupos a la gente a cambio de promesa de lotes en la invasión, según consta en documentos policiales con informes y testigos, que son públicos y que, de igual forma, le fueron remitidos adjuntos. Ninguno de los cuales salió a la luz en el reportaje emitido el 28 de Marzo 2022..
Las señoras declaran en dicho reportaje que estaban haciendo una protesta. Hay testimonios de decenas de personas detenidas que detallan cómo se vendían los cupos para la invasión con días de anticipación en Villa el Salvador y San Juan de Miraflores (ver más información en los artículos de este blog)
Es lamentable que alguien vaya preso, pero también que esas personas hayan jugado con las expectativas y recursos de cientos de pobladores.
Estas señoras fueron presas porque fueron filmadas por la Policía en la comisión de un delito violento. Lo sospechoso habría sido que quedasen libres.
SEGUNDO
Respecto a Karina Becerra, solicité de manera formal que se la exonerase del proceso pues estaba brindando información a la Justicia, aun así, el fiscal falló en su contra, perjudicando nuestra situación, en ningún momento favoreciéndola, ya que dejó de colaborar cuando todavía teníamos por delante meses de constante hostigamiento e intentos de invasión y se requería su participación para concluir el proceso legal. ¡Qué clase de ayuda del fiscal es ésa! Esto, por supuesto, tampoco se difundió en el reportaje.
TERCERO
También se le explicó al periodista que cuando se produjo la invasión, ofrecí reubicar a los invasores en otro terreno, asumiendo que había un problema social legítimo. Esta propuesta fue ocultada por las dirigentes, a las 350 personas que tenían como clientes. Tampoco fue difundido en el reportaje.
CUARTO
Se le explicó que el presentado como Frente de Defensa de Punta Negra está integrado por personas que promueven invasiones a cambio de votos. Que no es ninguna ONG, ni realiza acción social alguna. La mitad de los votantes de Punta Negra son invasores y han arribado al distrito bajo esa modalidad. Gracias a sus votos, dirigentes de dicha organización se convirtieron en alcaldes para finalmente ser detenidos en megaoperativos contra el crimen organizado y tráfico de terrenos. Al periodista se le brindó oportunamente tanto las notas de prensa como un informe al respecto. Sin embargo, nada de eso apareció en el reportaje.
Esta mafia, conminada con funcionarios de la Municipalidad de San Bartolo, cambia las ordenanzas que regulan las subastas dos días antes de la invasión, eliminando una cláusula que permitía al comprador recuperar su dinero si el terreno era invadido. Pero esto tampoco se difunde.
QUINTO
También se expuso al periodista que ese colaborador anónimo es fácilmente identificable. El aduce que trabajaba en mi empresa cuando esta solo tenía 3 personas: mi socio, él, como practicante legal porque vivía en Punta Negra, y yo. El practicante perdió nuestra confianza cuando descubrimos que colaboraba con los invasores. Años después, ya como alcalde, y luego de una destacada carrera criminal, fue detenido en un megaoperativo. Después, desesperado por dinero, pasó a querer extorsionarnos. Todo ello se le avisó al periodista, que podía fácilmente comprobarlo y que, de propalar su testimonio, estaría dando voz a una persona con una opípara carrera criminal.
SEXTO
Se le explicó al periodista que ese terreno tenía 5 títulos de propiedad sobrepuestos, adjudicados todos por el Estado a lo largo del tiempo a propietarios que ahora andan peleando entre sí. Nadie sabía cuál de esos títulos prevalecería cuando San Bartolo decide vender su derecho. “Ah, pero son todos títulos del Estado”, me comentó el periodista, aparentando no entender nada para insistir en su posición.
Al momento de la subasta, yo me encontraba en posesión del terreno hacía ya varios años, pues había comprado la posesión a un posesionario anterior. Había realizado obras, pistas, casas, sembríos y conseguido inversionistas, como consta en cantidad de documentos.
Con la compra al posesionario anterior, había acumulado más de 10 años de posesión con lo que, según el Código civil, yo tenía el título con mayor derecho sobre el bien.
“La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando mediante justo título y buena fe” (artículo 950 Código civil peruano)
De manera que cuando San Bartolo subasta su derecho, yo no estaba comprando el terreno, el terreno ya era mío. Lo que estaba era consolidando uno más de los 5 títulos que subsisten sobrepuestos. En el caso del derecho que subasta San Bartolo, el Gobierno central refería, a través de Bienes Nacionales, que era un título sin valor, que debió haber sido cerrado hace tiempo. Nada de esta situación fue tampoco explicada en el reportaje.
SÉPTIMO
Bienes Nacionales argumenta, luego de la subasta, que al comprar su título a San Bartolo le estoy robando a Bienes Nacionales. Refieren como prueba de tan delirante afirmación el hecho de que yo mandé una carta a Bienes Nacionales ofreciéndo comprarles su título, un título que ha sido declarado varias veces inconstitucional por el TC. Este afán mío, según Bienes Nacionales, probaría que ellos eran los verdaderos propietarios.
Más adelante se cae su demanda por sí sola, ya que yo no he afectado su título para nada, el título inconstitucional de Bienes Nacionales sigue ahí. Luego, el Estado cambia su posición y acusa que en realidad se ha pagado muy poco en la subasta. Que mi compra de ese título de San Bartolo, que según ellos no vale nada, debió ser por un monto mayor. En resumidas cuentas, según Bienes Nacionales, San Bartolo me estafó, pero debió estafarme por más. No es broma. Todo está documentado y así se le entregó al periodista.
OCTAVO
Sobre la subasta que realiza San Bartolo, de uno de los 5 derechos superpuestos.
Para esa subasta, hay una tasación que da 1 dólar y otra que da 4 dólares. En este último caso, los 4 dólares resultan de tasar el terreno como libre de toda carga, comparándolo con un terreno urbano en Punta Negra.
La tasación no pasó a considerar el análisis legal del título, como es obligatorio ocurra en una tasación según el Reglamento Nacional de Tasaciones. No considera que el terreno es una duna empinada. También hace caso omiso de la declaración de intangibilidad del terreno por parte del Gobierno, y sus respectivas restricciones de uso. El Estado ordena hacer la tasación sin comunicar al tasador ni las superposiciones ni limitaciones. En estricto, esa tasación es una prueba fraudulenta.
Ahora asumamos que fuera verdad, que el valor del terreno era efectivamente de 5 dólares. El terreno tiene 5 títulos sobrepuestos. El valor de cada uno de los 5, por regla de tres, sería como máximo de 1 dólar. Y eso es, precisamente, lo que pagamos a San Bartolo por su derecho, que es lo que se debía pagar. Y digo como máximo, porque es el valor asumiendo que vas a poder comprarle a todos y sin considerar los años de litigio.
Nosotros estimamos que se pagó más de la cuenta, examinando el riesgo que estábamos asumiendo. Como la historia lo demuestra, al final, considerando los gastos legales y reputacionales, salió más caro que lo que recuperamos al venderlo. Pero así son los negocios, a veces se gana y a veces como en este caso, se pierde. Si pudiera retroceder el tiempo, no lo habría comprado, los invasores se habrían quedado con él y el Estado no habría recibido un sol. Nuevamente, aclarado todo al periodista y, una vez más, decide callar esta información.
CONCLUSIÓN
El Estado recibió ingresos por la venta de un terreno cuya posesión nunca tuvo, cuya propiedad real había perdido, cuyos títulos estaban todos superpuestos y con leyes que los anulan.
Nuestra gestión ha permitido continuar con el proyecto de reforestación con aguas servidas, que era el objetivo para el que el Estado reservó toda la zona y nunca pudo realizar.
Los vecinos de Punta Negra pueden disfrutar hoy de la vista al ÚNICO CERRO VERDE FRENTE A LA COSTA DE LIMA. Mi actuación en este y todos mis proyectos ha permitido maximizar el beneficio para todos los involucrados.
Sin embargo, siento tristeza por el nivel que ha alcanzado cierto sector del periodismo. Suponía que tienen flojera de investigar, pero nunca imaginé que, teniendo en sus manos toda la información, de fuentes oficiales, hagan caso omiso de ella y publiquen totalmente lo contrario.
Luego de este reportaje amañado y difamador, debo mencionar que años atrás Mónica Delta buscó adquirir un lote en uno de mis condominios a través de una persona que se ocupa de las relaciones mediáticas en mi empresa. Nunca ofreció pagar un centavo y tampoco presentó una tarifa o propuesta de canje publicitario. Desconcertado, me comuniqué con la persona que medió, me comentó que era una especie de protección. La operación nunca se hizo. No entendí, ¿protección contra qué?
Ahora ya entiendo...
RACSO MIRO QUESADA VEGAS
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