top of page
Buscar
  • Foto del escritorRacso Miro Quesada

LA FISCAL DESENCAJADA ATACA DE NUEVO

Actualizado: 28 ene

Tras Diez Años de Acusaciones Infundadas: Un Análisis Crítico de una Investigación de Lavado de Activos.


INTRODUCCION


“Se le atribuye la autoría del delito de lavado de activos en su forma agravada, en agravio del Estado, por haber ingresado al circuito económico nacional dinero ilícitamente obtenido — producto de su presunta actividad relacionada al tráfico de terreno, es decir, los delitos de usurpación de terreno y corrupción de funcionarios, siendo que sus actividades son "capturan" determinadas extensiones, tipo lotes, de terrenos en diferentes zonas del sur de Lima y otros lugares, para luego de ello "traficarlas" al mejor postor” (acusación de la fiscal Lupe Dextre)


En un escenario judicial donde la realidad a menudo se ve eclipsada por la retórica, las acusaciones de lavado de activos en mi contra se han sostenido, sorprendentemente, sin argumento alguno. Durante una década, la fiscalía ha hilado una historia de usurpación de terrenos y corrupción de funcionarios, pero ¿qué hay detrás de todo este ruido?

Diez años de investigación sin fruto:

Lo que resulta más alarmante es que, tras diez años de investigación, la fiscal Lupe Dextre continúa sin presentar una sola prueba concreta. No hay agraviados reales, no hay denuncias auténticas, no hay testigos veraces.

Su acusación se sustenta únicamente en adjetivos y no en hechos. ¿Es esta la justicia que se espera de nuestras instituciones? ¿Dónde está el rigor mínimo que debiera sostener un proceso judicial?

“De esta manera creó una red criminal, en la cual están involucrados comunidades campesinas, funcionarios municipales, abogados, notarios públicos, y hasta magistrados del Ministerio Público; toda esta actividad ilícita previa, le permitió generar dinero ilícito, lo cuál lo reinvirtió en adquisición irregular de terrenos, constitución de personas jurídicas, ya sea empresas inmobiliarias o asociaciones ecológicas, en las cuales colocaba acciones de alto valor y/o realizaba aumento de capital, con el dinero obtenido de las ventas de los terrenos indebidamente adquiridos, siendo en estás empresas, tenía la calidad de accionista y/o  representante legal.”

La acusación de la fiscal Dextre se asemeja a una novela de ficción más que a un caso judicial con un mínimo de seriedad. En esta, se me atribuye liderar una supuesta red criminal que involucra desde comunidades hasta magistrados. 


QUÉ PRESENTA LA FISCAL LUPE DEXTRE COMO PRUEBA

 


A pesar de describir un modus operandi típico de redes criminales que usurpan terrenos, su acusación carece de mínimos elementos cruciales típicos en este tipo de operaciones:

  • De los siete terrenos mencionados, en ninguno se constata una invasión.

  • No existe un solo usurpador identificado en ninguno de los escenarios.

  • No se ha presentado una sola denuncia de usurpación o invasión en comisaría alguna.

  • No aparece un solo agraviado registrado.

  • Carece de una fecha o descripción detallada de cualquier invasión.

  • No hay siquiera un solo testigo de invasiones.

  • No existen ni fotografías ni pruebas de invasión alguna.

  • No presenta ningún documento alterado o fraguado.

En el caso de cada uno de los terrenos sobre los que dicha fiscal pretende basar una acusación, no sólo no existe un solo documento fraguado, sino que tampoco habría el móvil para falsificar, ya que los terrenos siempre tuvieron su documentación en regla, estaban inscritos o se adquirieron legalmente a través de escrituras a los poseedores legítimos. La acusación intenta proponer una actividad criminal organizada que carece de móvil, de eventos, de participantes y de agraviados.  

Acá se muestra las pruebas que presenta la fiscal Dextre para justificar una organización criminal que, según su inventiva, tendría décadas invadiendo terrenos:


  1. Testimonio de Willo Ojeda Guerra

  2. Testimonio de María Isabel Flores

  3. Testimonio de un colaborador que afirma que se invadió un terreno del Estado, el de Las Mandarinas, con la participación de comuneros.  

  4. El caso del fiscal Rojas, pagado con 5,000.00 dólares por un abogado para evitar el ir a declarar a la fiscalía para, presuntamente, neutralizar a quienes protestaban y sacar del camino a Santiago Corbacho Montesinos.

  5. Testimonio de un testigo protegido, que declaró haber sido simulada una subasta

  6. Impresión subjetiva de la fiscal basada en consultas sobre casos fiscales anteriores.


Ahora, ¿quiénes son sus colaboradores? pues son, todos y cada uno, delincuentes en busca de canje. Ellos dicen lo que ella quiere escuchar y a cambio, negocian su libertad. Hablamos de malhechores que han sido encontrados cometiendo delitos completamente ajenos a mi caso. Para colmo, sus testimonios se contradicen, contienen graves falencias de datos y describen eventos en los que no participaron, de los que aducen ser testigos por el mero hecho de haber escuchado comentarios años después. Y por si esto fuera poco, en todos los casos han sido encontrados mintiendo zafiamente para su propio provecho.   



Acá presento el quién es quién de los colaboradores. 


Willo Ojeda Guerra. 


Como se puede apreciar en este material periodístico, Willo Ojeda fue un delincuente que llegó a ser Alcalde. Robó terrenos a los pobladores colocando una mafia en la alcaldía para fraguar documentos. Usó la violencia física contra los vecinos que se quejaron y tuvo que ser desalojado utilizando nada menos que 489 policías y 30 fiscales. Tal era su envergadura criminal.



Pero nada de esto importa a Dextre ya que Ojeda obtiene la condición de candidato a colaborador eficaz denunciando a funcionarios afines a su gestión. También declara sobre lo que, según refiere, una vez escuchó que pasaba en mi compañía 15 años atrás. Luego, en sus declaraciones posteriores, en el 2023 se contradice y afirma que, en realidad, él no sabía nada. Pero la fiscalía, obstinada en acusarme, solo toma su primera declaración por válida y, extrañamente, decide desechar la siguiente. Como podremos ver más adelante en detalle, todos los elementos de su declaración son notoriamente falsos. Por cierto, este sujeto también castigó al juez que lo condenó a prisión, denunciándolo por haber recibido dinero de un abogado que ni siquiera era el abogado del acusado, sino un estudiante en España; dentro de un juzgado donde jamás trabajó el magistrado, y por un caso que nunca vio. Búsquenlo. Se trata del caso del juez Valdivia.    



María Isabel Salas.


“Declaración Testimonial de MARíA ISABEL FLORES SALES, de fecha 20 de mayo del 2022, que obra a folios 8137 y siguientes de la carpeta fiscal, en la cual ha señalado en su respuesta 11, que existe un último reportaje periodístico de canal 2 de Mónica Delta, que se realizó en mérito a lo declarado por dos colaboradores eficaces que tiene el Ministerio Público, en la cuál señalaron que su detención fue porque el señor Raczo a través de su abogado Willington Ojeda habían pagado al Fiscal Provincial Penal de Lurín, Ricardo Rojas, la suma de 5,000 dólares para que solicite el mandato de detención en su contra y de la señora Rosa, por supuesto delito de Usurpación Agravada, lo cuál efectivamente ocurrió, ya que estuvo en el penal 4 meses.”



Otra testigo que miente descaradamente y la fiscal se rehúsa a acusar recibo. Se presenta como activista social que protestó en Punta Negra por el tráfico de terrenos, cuando fue comprobado por la policía que se trataba de una invasora de terrenos que vendía cupos e invadía no precisamente con carteles de protesta sino con palos y esteras. Su testimonio en este caso se reduce a decir que algo debe de ser verdad porque lo escuchó en televisión. Este es el nivel de colaboraciones empleado por Dextre para seguir con su implacable persecución.



Colaborador sobre el terreno de Las Mandarinas.


“RACSO MIRO QUEZADA VEGAS y RICARDO VALDERRAMA CUEVA, en la cual se indica que para que los mismos puedan obtener el terreno mencionado habrían realizado supuesto actos de corrupción que involucrarían a dos ex Alcaldes de san Bartolo, JORGE BARTHELMESS CAMINO Y RUFINO ENCISO RIOS, aunado a ello se precisa que para la apropiación de terrenos estatales, se vendrían utilizando la figura de invasión organizada con "comuneros de la zona", a quienes pagarían sumas de dinero para que se posesiones de terrenos previamente marcados, y luego con ayuda de la municipalidad, crearían documentación aparentando antigüedad en la posesión. para después iniciar un procedimiento de saneamiento legal por posesión, siempre procurando su inscripción en registros públicos. Así mismo, el aspirante a colaborador eficaz precisó también que algunos funcionarios municipales se encargaron de insertar documentación fraguada, en los archivos municipales con las que se justificaría la obtención de la constancia de posesión sobre vastas extensiones de terreno materialmente imposible de ejercer “  

Este es el testimonio de un colaborador que sostiene que el terreno de Las Mandarinas fue invadido en colaboración con comuneros para sacar constancia de posesión por extensiones imposibles de poseer. Lo cierto es que el terreno de Las Mandarinas, como se ha explicado, se compró a un propietario registral: La comunidad campesina de Cucuya, inscrita en registros públicos desde hace décadas, que cuenta con títulos ancestrales sobre el terreno. Dicha comunidad es la propietaria con mayor derecho. Tiene la protección que le brinda tanto la Constitución como los tratados internacionales. Sus terrenos son imprescriptibles e inalienables. De manera que no necesitan invadir su propio terreno pues, además, nunca hubo nadie en su terreno que justificara tal acción. Como cabría esperar, no existe un solo registro de ninguna invasión, así que el testimonio resulta una burda maquinación en flagrante contradicción con la situación real y documentaria del terreno. 


El caso del fiscal Rojas.


El caso se basa en el testimonio de Willo Ojeda, que afirma que unos abogados que trabajan para mi empresa pagaron al fiscal Rojas con el fin de:


a.- Que otorgue facilidades para no tener que ir a declarar. 

 

b.- Meter presa a María Isabel Salas, quien había invadido el terreno ya en dos oportunidades y estaba organizando una tercera invasión. Pero ella no fue presa por orden de Rojas, sino de la fiscalía superior compuesta por tres fiscales, (ninguno de ellos Rojas), a solicitud expresa de la Policía Nacional. Lo que yo solicito, según obra en el expediente, es que nuestra colaboradora e informante sea liberada, pero el fiscal no lo acepta, lo que viene a demostrar que éste trabajaba para los intereses de Wilo Ojeda (que, desde luego, no eran los míos). 




c.- Que la denuncia de Corbacho fuera desplazada por influencia de mis abogados. Lo que la fiscal Dextre oculta pretendidamente es que Santiago Corbacho Montesinos presentó un documento espurio para que se le pague por una posesión que nunca obtuvo y que por ese hecho fraudulento fue procesado por la propia Municipalidad de Punta Negra y fue condenado a prisión



JUZGADO MIXTO DE LURÍN SEDE HUERTOS DE VILLENAS

EXPEDIENTE:00010-2013-03003-JM-PE- 01

ESPECIALISTA: KARLA CORONADO VASQUEZ

IMPUTADO: CORBACHO MONTESINOS SANTIAGO

DELITO: FALSEDAD GENÉRICA

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

DEMANDANTE: PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE LURÍN. 



Un testigo protegido.


Este cuenta que una vez escuchó que la subasta del lote 201 de San Bartolo fue simulada. Ignoro a qué se refiere con “simulada”, pero lo cierto es que dicha Municipalidad organizó la subasta para que se realizará justo el mismo día en que sus funcionarios planeaban con los invasores la ocupación del terreno. De esa manera, cambiaron las ordenanzas dos días antes con el fin de que, si el terreno era posteriormente invadido, no se devolviera un centavo del dinero de su compra, exigiendo, además, el pago adelantado para no tener riesgo de cobranza. Francamente, no sé si simularon o no, pero en todo caso es claro que el “simulado” iba a ser yo. Cabe mencionar que en este caso de corrupción de funcionarios fui evidentemente absuelto en todas y cada una de las instancias. 


La impresión de consulta de casos fiscales

La fiscal presenta casos de denuncias en mi contra como prueba de mi mal proceder.  Lo que no hace en ningún momento -ni lo pretende hacer- es verificar es de qué tratan esos casos:


  • Caso 1116-2014. Caso cerrado. Fue la comunera Irma Obispo quien denunció que al prescribir el terreno de las 33 hectáreas se prescribió indebidamente a la comunidad campesina. Lo que en su momento se demostró fue que la comunidad no estaba superpuesta y, más adelante, la propia Irma Obispo afirmó que nunca quiso interponer dicha denuncia y que su abogado se excedió al acusar a una docena de personas. Como era de esperar, nadie se presentó a ratificar esa farsa.


  • Caso 289-2015. Referido a la denuncia de la Sra. Vilma Valenzuela, quien, basándose en un supuesto documento sin evidencia física, afirmó que tenía una posesión (lo cual nadie ha corroborado), que  fue invadida por matones con la anuencia de falsos fiscales, y que estos invasores debieron de haber entrado por el terreno contiguo, que era el mío. De lo que deduce que si entraron por mi terreno, yo tengo que haber colaborado en la incursión. En su momento, el fiscal Astrocondor me absolvió porque, para cuando esta Sra. alega que se produjeron tales hechos, yo ya había vendido ese terreno vecino y porque no había un solo elemento que ligara a los supuestos invasores conmigo. Sin embargo, al año siguiente, Astrocondor decide, carente de carga probatoria, formalizar denuncia contra mí y solo contra mí. No se le ocurre denunciar a quiénes fueron identificados como invasores ni a quiénes tienen la posesión del terreno presuntamente usurpado a Valenzuela, que es la empresa chilena BSF. Increíble, ¿verdad?, que por una denuncia de usurpación se denuncie al vecino que ya no era vecino y no diga ni mu al que detenta el terreno usufructuándolo e impidiendo el ingreso de la agraviada a lo que sería su propiedad. Llama la atención que los argumentos del claramente corrupto  fiscal Astrocondor sean los mismo que toma para sí la fiscal Dextre. ¿No estará acaso en la misma red que sirve con tanta diligencia a los chilenos de BSF? Tal es su ansia por acusarme que la fiscal ha empleado los mismos argumentos de Astrocondor, aun cuando, en la actualidad, este fiscal ha sido condenado a prisión por la comisión de delitos de corrupción.


  • Caso 313-2002. Caso también cerrado. Se trató de una disputa con Sedapal, en la que la fiscalía aseveró que ambas partes tenían documentos y derechos y que no se encontró delito en ninguna de las partes. El caso fue cerrado de esa manera, pero con el tiempo ha quedado plenamente establecido que la empresa de agua carecía de derecho alguno en las Pampas de San Bartolo. 

Es decir, los tres casos que la fiscal utiliza como antecedentes son investigaciones cerradas, en las que no se me ha imputado absolutamente nada.



ENTRANDO AL FONDO DEL ASUNTO.  UNO POR UNO LOS TERRENOS MENCIONADOS.


Dextre me acusa de un delito originario: la usurpación de terrenos. Y para definir los terrenos usurpados, a modo de prueba única, presenta la declaración del delincuente de Willo Ojeda, quien salvo el lote 201, todo lo demas, dice que lo ha escuchado. 


Acá se muestra el listado de los 5 terrenos que, según Willo Ojeda, fueron adquiridos por usurpación (1 al 5) y en los que según la fiscal al mismo se lava dinero. Seguido por 3 terrenos (6 al 8) en los que segun la fiscal se lava dinero, y aduce que tambien son compras irregulares. Una figura incongruente ya que si la adquisición como dice la fiscal fue por “usurpación” el dinero que se mete a esos terreno se estaria “ensuciando” no lavando”.


  1. Terreno Sociedad General de Los Higos, Punta Negra.

  2. Terreno  201, El Mirador, Punta Negra

  3. Terreno 209, Punta Negra

  4. Terreno Las Mandarinas, Punta Negra.

  5. Predios en Cieneguilla, Las bahias, La Raya y la Sashavaca

  6. Predio sector Los Higos. Pachacamac

  7. Predio de Taquita

  8. Proyecto inmobiliario en Chorrillos.


Terrenos adquiridos “ilegalmente” en los que también se “lavaría activos”, según la fiscal Dextre 


Terreno 1. Sociedad General de Los Higos,  


Afirma el colaborador:


“Por otro lado, debo precisar los casos que estuvo inmerso, siendo los siguientes: a) Caso Sociedad General Los higos: En el año 2003, Racso Miroquesada Vegas y Ricardo Valderrama Cueva, tomaron un terreno en Punta Negra a la altura del autopista Panamericana Sur, frente al peaje, tramitaron documentación en la municipalidad de Punta Negra, comisaría del sector y Juzgado de Paz Letrado, sembraron algunas plantaciones de higo y lograron hacer la prescripción adquisitiva, luego este terreno Io transfirieron a Somaveda SAC, empresa del mismo grupo, luego se transfirió el terreno a María Esther Vitteri Meza (actual pareja de Ricardo Germán Valderrama Cueva), Gustavo Palomino Milla, esposa y otra más. Todos estas transferencias eran con precios módicos e irreales. Posteriormente todo este terreno fue transferido al Grupo Interbank Plaza Vea, en más de 2 millones de dólares.”

La fiscal Dextre, en base a las declaraciones de Ojeda y sin que medie prueba, documento, investigación, testigo u otro indicio, llega a la siguiente conclusión sobre el terreno:


ADQUISICIÓN DEL TERRENO SITUADO FRENTE A LA AUTOPISTA LIMA SAN BARTOLO, lo cuál generó ganancias ilícitas a la organización criminal, entre los años 2005 al 2010 aproximadamente, utilizando la misma modalidad crean personas jurídicas con participación de los tres socios, el acusado Racso Miro Quesada, Ricardo Valderrama y Saturnino Acue, utilizando a terceras personas para adquisiciones sucesivas, siendo que una de las sociedad conformada por los mencionado lo adquiere por la módica suma de US.$35,OOO dólares americanos, para luego esa misma propiedad ser vendida por la suma de USS2.828..523.OO.


La fiscal afirma que tomamos un terreno. La realidad es que no lo “tomamos”. Dichos terrenos, de la Panamericana a los cerros, fueron subastados en el año 1956, pero nunca tuvieron posesión, ni de San Bartolo, ni de los adjudicados. Eran desiertos. Poco a poco, para los 80’, se llenó de granjas avícolas, posesionarios que trabajaron en el terreno abandonado por décadas.


Además, el Estado había otorgado títulos de propiedad superpuestos a distintas personas a través de los años.   


Como ninguno de estos propietarios podía resolver la superposición, los terrenos no eran ni usados ni vendidos, así que la situación quedó entrampada por décadas a causa de la acción del Estado, impidiendo el desarrollo y la generación de inversiones o empleo. 


Según la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia Navarro Grau, los títulos de Bienes Nacionales eran inconstitucionales. De acuerdo a dicho Tribunal, los posesionarios debieron haber sido expropiados en caso el Estado hubiera pretendido hacer algo con esos terrenos. 


Nosotros compramos la posesión a la familia Yauri. Nos costó 100,000 dólares. Hasta ahora me pregunto si pagamos demasiado, pues el terreno tenía muchos riesgos involucrados ya que el Estado había creado una situación sumamente confusa.


Así que tomamos el riesgo confiando en que esta situación se resolvería a favor de los posesionarios, pues ya el Tribunal Constitucional había fallado en ese sentido. Pero nos tomó años litigar contra la intransigencia de cada institución.


Muchos años después se tituló y se logró que viniera la empresa Plaza Vea, con muchas dudas de parte de esta. Pese a ello, sus inversiones levantaron un área importante de almacenaje en el distrito, tan extensa como la zona urbana de Punta Negra. Finalmente, se saneó y se agregó a la economía, gracias a los pocos valientes que invierten aun cuando el Estado no sólo no colabora en generar seguridad jurídica sino que activamente la desmerece. 


Es curioso, porque el Estado peruano ofrece tres títulos de propiedad a tres personas distintas sobre el mismo terreno y luego ese mismo Estado te persigue penalmente por comprarle a cualquiera de los tres, aduciendo que le robas a los otros dos. En ningún momento se persigue a quienes deberían resultar responsables por que existan tres títulos sobre el mismo terreno. Tampoco se persigue al responsable de no resolver esa situación y permitir que miles de personas pierdan su dinero volviendo una ruleta rusa los derechos de propiedad de toda la zona de expansión de la ciudad. 


Sobre la adquisición que realizamos de este terreno, nadie se ha quejado y no hay agraviado alguno. El propietario registral del terreno abandonado era una familia privada. No era propiedad del Estado, así que nunca se interpuso denuncia o queja alguna.  


El único que declara que el terreno fue una invasión sin siquiera ofrecer un mínimo de prueba es Wilo Ojeda, quien empieza por admitir que él no estaba presente y que para ese entonces ni nos conocía. 



Terreno 2.  Lote 201,  El Mirador. Punta Negra. 


Este es posesionado por Saturnino Ascue, quien nos vende la posesión vía su hijo, Yuver Ascue. Inicialmente, Saturnino Ascue trató de desistir de la venta inicial, por lo que se tuvo que llevar a cabo varias negociaciones. 




Al final se le pagó 600 mil dólares por su posesión. Posteriormente nos dimos con la noticia de que había realizado una venta anterior a un señor Santiago Corbacho Montesinos con un documento falsificado.  Venta que resultó ser fraguada.



Obtenida la posesión, se vende una participación a la empresa Paz Centenario Global.  Esta paga y luego dicha empresa se desactiva, pues los socios Paz, Centenario y Global, se separan, devolviéndonos la posesión. Recuperada esta, se empieza a vender derechos a otras personas que quisieron participar y se forma una asociación de propietarios: Punta Nueva Mar y Bosques. 


Este terreno también cuenta con tres títulos de propiedad superpuestos de propietarios que nunca tuvieron posesión: Bienes Nacionales, San Bartolo y la comunidad de Cucuya.


¿Cómo procedemos en ese momento?:


  • En el caso de Bienes Nacionales, se le ofrece de buena fe: sabemos que tu título es inconstitucional pero igual te lo queremos comprar para ir saneando la propiedad. 


  • En cuanto a San Bartolo, su Municipalidad estaba liderada por el alcalde Barthelmess, quien optó por subastar sus títulos y promover el retiro ilegal, sin juicio y en forma violenta, de los posesionarios que llevaban décadas en esos terrenos, sin consultar tampoco con los otros tenedores de títulos. Es claro que el alcalde abusó de su poder. Nosotros, con el fin de evitar altercados, levantamos el dinero para ofrecerle también comprar.


  • Y fue así que ganamos la subasta. Nadie más mostró interés en comprar un terreno con posesionarios y tres títulos de propiedad superpuestos. Se vendió a 1 dólar  por m2, que es lo que valía en ese momento un desierto eriazo, inclinado, sin luz, ni agua, ni servicios públicos. Mismo precio por el que, en ese momento, se vendieron otros veinte terrenos en la zona hasta 4 años mas tarde. (ver abajo). 


  • Y respecto a la comunidad, se llegó a una negociación.  


Por esta gestión, el Estado, de la mano de la fiscal Dextre, nos ha acusado a través del tiempo de:


  1. Obtener una posesión ilegal. Aunque no exista tal concepto pues en el Código Civil, no existe nada parecido a “posesión ilegal”. Es un invento más de la fiscal.


  1. Haber robado a Bienes Nacionales al haber comprado a San Bartolo, aun cuando nadie ha afectado el título de Bienes Nacionales en forma alguna. Pero, según su razonamiento, si mandamos una carta a Bienes Nacionales ofreciendo comprarle, es porque nosotros sabíamos que esta dependencia era la auténtica propietaria, así que al comprar el título superpuesto de los otros, estábamos robando a dicha oficina. 


  1. Haber corrompido a los funcionarios para hacerles cambiar una ordenanza irregular que determinaba el procedimiento para la subasta. Pero, ¿qué cambió la Municipalidad en su ordenanza? Que esta no nos devuelva el dinero si el terreno resultara invadido. Y la fiscal aduce que fuimos nosotros, ¡los agraviados!, quienes hicimos modificar la ordenanza y no los funcionarios que tenían planificado invadirnos, lo que, efectivamente, ocurrió en el mismo día y hora en que cancelamos el monto de la subasta.

  2. Haber sido estafados al comprar a San Bartolo puesto que la propiedad en realidad era de Bienes Nacionales. Pero, ojo, fuimos estafados por muy poco, pues, según refiere, debimos haber pagado aún más a dicho municipio para, más tarde, perder el terreno, ya que sería propiedad de Bienes Nacionales. Para argumentar que en la subasta se ha pagado muy poco a San Bartolo, la fiscalia fragua una tasación. A propósito, no informa al tasador que el terreno tiene superposiciones y que hay tres titulares que se dicen dueños. Por otro lado, lo compara con terrenos pequeños, del otro lado de la Panamericana, hacia el lado del mar. A fin de subir el valor de tasacion de $ 1 a $ 4 . Y con idéntica mala fe, omite tomar en cuenta ninguna de las 25 ventas de terrenos de iguales dimensiones, que se habían realizado del lado de la Panamericana hacia los cerros, vendidas al mismo precio que el nuestro, aun 5 después. Como pueden ver acá



(montos en dolares)


(montos en soles)


Luego de años de investigación, la fiscalía formalizó su acusación y decidió que esta fuera por corrupción de funcionarios. Como cabía esperar, salimos absueltos en primera, segunda y tercera instancia. 

Ahora la fiscal Dextre quiere volver a abrir un caso cerrado, insiste en tocar una y otra vez el lote 201 y en volver a investigarlo, ya no por corrupción de funcionarios sino por el origen de los fondos. Algo que en diez años de investigación jamás inquirió, que pasa a ser directamente a acusación, sin mediar indagación alguna. Entonces, ¿de qué sirvieron diez años de investigación, si al final se acusa por lo que ni siquiera se ha preguntado? Esta fiscal está haciendo una parodia del sistema de justicia.


Terreno 3.  209 terreno de Punta Negra contiguo a Mar y Bosques


Circunstancias de la Compra y Venta:

Este terreno, originalmente adquirido por Jesús Polo, fue posteriormente vendido a la asociación Punta Nueva Mar y Bosques. Es crucial destacar que, en el momento de esta transacción, yo ya no desempeñaba ningún rol como promotor o funcionario de la asociación.


Terreno 4.  Las Mandarinas Punta Negra. 700 has. 


Dicen los colaboradores presentados por la fiscal Dextre que el terreno fue invadido en el 2007 con la colaboración de comuneros, vía documentos falsos, y que se intentó prescribir. 

 RACSO MIRO QUESADA Y RICARDO VALDERRAMA, el cuál habría sido materia de posesión mediante actos de corrupción, y contaron con otros inversionistas, siendo incluso que existe una investigación fiscal al respecto CARPETA 003-2023 de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, deriva de la propia Fiscalia Nacional Coordinadora de Corrupción de Funcionarios, mencionada líneas arriba. página 09, 10 11. lo cuál ratifica la teoría del caso del presente Despacho respecto a la modalidad utilizada por la organización criminal, siendo que estás posesión indebida y en vías de saneamiento legal mediante prescripción adquisitiva por parte de la organización criminal, genera un pasivo importante. pues por los metrajes Y por la inversión que se está realizando en supuestos actos de más de tres millones de soles, esta adquisición en regularización de saneamiento va generará amplias ganancias a favor de esta organización criminal.

Ahora, ¿cuál es la verdad del asunto?

Este terreno estuvo desierto durante toda su existencia y en ese tiempo el Estado otorgó, una vez más, tres títulos de propiedad: Esta vez a San Bartolo, al Ministerio de Defensa y a la Comunidad campesina. 

Sobre el título del Ministerio de Defensa, el Estado declara una intangibilidad alegando que toda la zona debe dedicarse a bosques que arborizan Lima, usando las aguas servidas de Sedapal. Pero sobre los títulos superpuestos que ha creado no hace mención alguna. 

El proyecto de 8,000 hectáreas de reúso de agua servidas se redujo a 1,300 hectáreas por falta de recursos. En ese momento, el Tribunal Constitucional obliga al Estado a expropiar a los posesionarios de esas 1,300 hectáreas, señalando que el título del Estado se basa en un principio inconstitucional, y de las 1,300 hectáreas que se expropian no se llega a arborizar nada.

Nosotros compramos el derecho de la comunidad por ser el más antiguo y porque, según dicta la Constitución, la ley de comunidades campesinas y los tratados internacionales como el TIC y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la comunidad es la única propietaria con derecho válido sobre esos terrenos.  

A su vez, nos acercamos a Sedapal e implementamos con capital privado una tubería de agua servidas y lagunas de oxidación, haciendo realidad el proyecto Mesías, evitando que el agua se perdiera contaminando el mar y generando divisas vía la exportación de la producción de árboles frutales. 


(terreno de las mandarinas)


Pero según el colaborador eficaz de la fiscal Dextre, el terreno fue invadido en el año 2007 utilizando falsos comuneros, una fuerza de choque y papeles fraguados del municipio. Situación rotundamente falsa, un fantaseo a todas luces pues, primero, no había a quién invadir ya que el terreno estaba en condición de desierto y su posesión por parte de la comunidad era presumible puesto que el título de la comunidad es inalienable y, segundo, porque para el 2007, cuando Dextre aduce que se produce la invasión inventada, ya teníamos en el terrero una operación agrícola con miles de árboles, ranchos, lagunas, bombas, con cientos de empleados y exportaciones registradas. Al respecto, no existe ni una sola denuncia de invasión ni agraviado alguno. 

Sin embargo, Dextre afirma que se fraguó documentos para usurpar al Estado. ¿Para qué? si no existe propiedad real del Estado sobre esos terrenos. Si la ley de comunidades campesinas es muy clara al respecto: el título de la comunidad prima sobre cualquier otro título que no haya sido registrado para 1920. Y hasta la fecha no hay discusión en el Perú relativa a los derechos de las comunidades sobre sus terrenos registrados y titulados.  Salvo, naturalmente, en la mente fijada en mi persona de la perturbadora fiscal Dextre.

Esta fiscal no solo atina a inventar un derecho inexistente por parte del Estado sino que niega la obligación del mismo de velar por la comunidad campesina, como obra en la Constitución y en los tratados internacionales, con el único fin perverso de seguir adelante con su acusación en mi contra. No solo ningunea a la comunidad negándole sus derechos, sino que se atreve a tildar a los propios comuneros de invasores por ingresar a sus propios terrenos, aun cuando cuentan con su título de propiedad. El menosprecio de Dextre por la comunidad resulta evidente. En pleno abuso de poder y sin siquiera haber realizado una visita al terreno, dicha fiscal elucubra una invasión que jamás existió aferrándose a la declaración de un testigo corrupto que ni estuvo ahí ni nos conocía, a pesar de que la realidad lo contradice de plano. 


Terreno 5. Terrenos en Pachacamac y Cieneguilla: La Raya y Las Bahías. 


Este caso resulta todavía más increíble. Se trata de terrenos que fueron comprados, urbanizados, arborizados y, sobre ellos, construidos sendos condominios ecológicos donde viven ahora más de 2,000 familias, que cuentan con paneles solares, reciclado de agua, cercos vivos y paredes de adobe. Nunca han presentado un solo conflicto, nunca han tenido una denuncia, encontrándose todos registrados en Registros Públicos, viniendo de una línea de sucesión de derechos reales, transados legal y válidamente hacia atrás hasta la época de la colonia española. 



Pero el colaborador eficaz Willo Ojeda afirma que estos terrenos, en los que él no tuvo participación alguna, fueron adquiridos por invasión, mediante fuerza de choque de Saturnino Ascue, y luego regularizados con documentos falsos y personajes influyentes. 



Resulta inverosímil que esta acusación se mantenga luego de años de investigación y la fiscal Dextre siga repitiéndola, a pesar de haber presentado todas las escrituras públicas que sustentan la adquisición de dichos terrenos, y de no poder determinar cuándo se produjo la supuesta invasión ni a quién se invadió, es decir, incapaz de presentar en su imputación a ningún invadido. De manera que toda su acusación la sostiene en base a la maquinación urdida por el interés personal del delincuente Willo Ojeda.



Lo más llamativo aquí es que el Estado pague a una fiscal durante diez años para que investigue, generando cincuenta y dos tomos de supuestas pesquisas y gastando miles de horas en entrevistas. Que ésta no encuentre fundamento alguno con que sostener su acusación y termine repitiendo sus mismos argumentos iniciales, tomando como cierta la declaración infundada de Ojeda, para luego, sin reparos, convertir dichos infundios en acusación, negando obcecada y rabiosamente la aplastante realidad.  

Queda demostrado que dicho proceso de investigación ha resultado una pérdida de tiempo y una mascarada, pues la fiscal Dextre, independiente del resultado de la investigación, te va acusar igual, pues eso lo determina su voluntad y no las evidencias. 


TERRENOS EN LOS QUE, SEGÚN LA FISCAL DEXTRE, SE LAVARÍA ACTIVOS 


Terreno 6. Predio Los Higos.


El predio Los Higos, en Pachacamac, es el primer terreno que compramos. Este se adquiere con un préstamo de María del Rosario Quiroga, por 55 mil soles, cuyo pago bancarizado está documentado. 

Se trata de la posesión de un cerro que es comprado a los campesinos colindantes. Un cerro inclinado que en ese momento a nadie interesaba y sobre el que se hace una lotización rústica. Este se vende como posesión y el título se logra luego de ser vendido.

Una vez más, aquí tampoco aparece ningún invadido, ninguna denuncia y ninguna fuerza de choque. 

Pero, según la fiscal Dextre, en ese lugar se lavó dinero, ¿qué dinero?, si fue el primer terreno que compramos y todo se construyó pre vendiendo. Ni sustenta ni siquiera presenta indicios de cómo o cuánto capital habría sido hipotéticamente lavado. 

Aun así, Dextre concluye que se lavó dinero y que se trató de una compra irregular ¡todo al mismo tiempo! pero no presenta mayor prueba que, ¡otra vez!, el testimonio del delincuente de Willo Ojeda, que, de nuevo, ni estuvo ahí ni nos conocía. 

Una rocambolesca fabricación -que, por otro lado, queda fuera del periodo de investigación de la fiscal, siendo anterior a la fecha en que ninguno de sus colaboradores nos conocía-, en la que se quiere hacer parecer que se generó ingresos extraordinarios por el mero hecho de que esta los califica así: 80 mil dólares por 18 hectáreas de terrenos, obras, pista, cercos  y tres años de trabajo de tres personas, son ganancias desproporcionadas. 


Terreno 7.  Predio de Taquita. 


Racso Gerardo Guillermo Miro Quesada Vegas y como gerente administrativo a Ricardo valderrama Cueva, US$ 100,000 dólares americanos, luego ese mismo predio mediante escritura pública de fecha 07 de setiembre del 2011, Io vende por el monto de $513,016.00 dólares americanos a COMERCIO & CIA S.A, siendo que a su vez que el dinero con el se habría adquirido es producto de las ganancias ilícitas de esta organización criminal, a su el tráfico de terrenos de la generado a los acusado ganancias abundante, siendo que este terreno luego fue vendido por cinco veces más su precio primigenio.

Este es un terreno que compré antes de 1998, totalmente extemporáneo del periodo de investigación, que fui pagando con mi trabajo de asalariado durante años, porque en ese entonces aposté que Pachacamac iba a subir de precio. 

Luego lo transfiero a una empresa, después se lo vendo a mi socio para que éste pueda solicitar un préstamo al banco a fin de obtener capital para invertir y, finalmente, logramos venderlo, catorce años más tarde de que lo comprase a 500 mil dólares. 

¿Qué dinero se lavó? ¿Cómo? ¿De dónde? Compras un terreno, lo vendes una década más tarde, pagas los impuestos, y luego llega la fiscal Dextre y lo utiliza para acusarte de lavado de activos y de organización criminal, para así embargarte. Pareciera que, de acuerdo a la ideología de la fiscal, -si uno es bien pensado y entiende que de ideologías se trata- toda ganancia es un robo.

¿Alguien guarda 14 años un terreno para hacer una operación de lavado? En ese supuesto, quien estaría lavando no sería yo sino la empresa que me compró pero, como ya habrán imaginado a estas alturas, esa empresa no entra dentro de su investigación.  

Según la fiscal Dextre hay lavado porque el precio final es exorbitante comparado al precio de adquisición. ¿Una hipótesis basada en qué? ¿Acaso ha hecho un estudio de cómo subieron los precios en Pachacamac a lo largo de esos 14 años?. Ciertamente, NO. ¿Se ha tomado el trabajo de ver a qué precio se vendía por m2 los inmuebles cuando este es vendido? Ciertamente, NO. Simplemente, usa su poder y lo concluye porque tiene dedos para teclearlo. Punto. De forma arbitraria y sin mediar estudio alguno, considera desproporcionado el precio de 25 dólares por m2 en Pachacamac y entonces reclama el embargo de todos tus bienes. Cuando lo compraste 14 años antes por el 20% del precio de venta final, que fue lo que pasó en todo el valle de Pachacamac. Pero en mi caso constituye lavado de activos y en el de todos los demás, es plusvalía.


Terreno 8. Proyecto en Chorrillos. 


Origen de la Denuncia:

La denuncia original viene de acusar de lavado de activos a través de la inversión en un edificio en Chorrillos. La hipótesis de Dextre sostiene que dicha inversión tenía como fin controlar el edificio y la ha mantenido obstinadamente durante todos los años de investigación.

La explicaciones brindadas a la Fiscalía:

Se clarificó a la fiscal que el edificio pertenecía a mi tío materno y a  mi primo hermano, y que, con el único fin de ayudarlo, adquirí dos departamentos en él. A pesar de entrevistar a  los numerosos compradores de departamentos en ese edificio, la fiscalía no encontró irregularidades, ni encontró indicio alguno de que yo controlara o administrará ese edificio. 


Persistencia de la Acusación:

Sin embargo, a pesar de la falta de hallazgos incriminatorios, Dextre continúa manteniendo tercamente su acusación de lavado de activos. La base de su sospecha parece ser que le transferí el dinero a mi primo hermano, primero, y después firmamos el contrato.  ¡Ah!, dice la fiscal, ¡ya ven, es una compra irregular, hay lavado de activos, todos sus bienes deben ser embargados, es una organización criminaaaal!. Por el único hecho de transferir el dinero a mi primo hermano antes de firmar el contrato. ¿Dónde estamos, en la Nicaragua de Daniel Ortega?


CONSTITUCION DE PERSONAS JURIDICAS


Adicionalmente, la fiscal argumenta que el haber constituido personas jurídicas con capital proveniente de la venta de terrenos “invadidos” sería prueba de lavado de activos. 

En efecto, se constituyeron personas jurídicas, unas con capital y otras sin. ¿Cuál es el delito aquí? En una, el capital era de 25% pagado, así aparece en la escritura. El registrador se equivoca y lo refiere como totalmente pagado. Esto se corrigió en su momento y se envió oportunamente dicha corrección.

Sin embargo, para la fiscal Dextre se trata de una constitución irregular y prueba de lavado de activos, sin importar cuántas veces durante diez años se le haya explicado lo contrario, presentándole la corrección en la que Sunarp reconoce su error, demostrando que el yerro no fue nuestro y que en ningún momento la equivocación de Sunarp ha entrado en nuestra contabilidad.  

La persistencia de estas acusaciones, a pesar de las pruebas y correcciones presentadas, viene a plantear, una vez más, sobradas dudas sobre la comprensión y el tratamiento de las operaciones comerciales legítimas por parte de la fiscal Dextre.


SOBRE DESBALANCE PATRIMONIAL



La fiscal asevera que ha encontrado un desbalance patrimonial de 647,195 soles. 

Para desmentir dicha aseveración, se presentan tres peritajes de parte en el lapso de una semana, todos los cuales dan un superávit. Pero, como era de esperar a estas alturas, la fiscal Dextre decide no considerarlos y continuar con su denuncia. 

Acá ofrecemos un resumen de lo presentado:

“Inconsistencias en la Valoración de Ingresos y Egresos:

El informe de Uriol Rodríguez concluye en un desbalance patrimonial significativo para Miro Quesada, alegando que los egresos del período 2002-2012 superaron los ingresos, resultando en un déficit de S/.647,195.30. Sin embargo, la revisión realizada por el economista Juan Pablo Reyes Dávila contradice directamente esta afirmación. Según Reyes Dávila, en el informe de Uriol Rodríguez se omitieron ingresos relevantes y se sobredimensionan los gastos.

Errores Específicos en el Informe Pericial:

Una de las omisiones más críticas del informe de Uriol Rodríguez fue no considerar los aportes de Miro Quesada a la AFP PRIMA desde 1995. Esto llevó a una subestimación de sus ingresos totales. Asimismo, los gastos por viajes fueron calculados de forma incoherente, asignando viáticos diarios variables y sin fundamento técnico claro para destinos como Brasil y Ecuador. Estos fallos llevaron a una interpretación errónea de la situación financiera de Miro Quesada. (Por ejemplo, la estadía en Tabatinga y Leticia, en la frontera, requiere un gasto de 1,200 dólares diarios según la perito del Estado.)

Conclusión del Análisis Independiente:

De acuerdo con el análisis de Reyes Dávila, los ingresos reales de Miro Quesada en el periodo mencionado ascendieron a S/5´003,697.69, mientras que los gastos fueron de S/4´845,432.01, resultando en un superávit patrimonial de S/158,265.68. Esta conclusión contrasta drásticamente con la del informe fiscal, que afirma un déficit patrimonial.


CONCLUSIÓN.  LA FISCALÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Tenemos entonces que una fiscal te puede acusar de un delito inexistente si así lo estima conveniente y sin importar que encuentre o no prueba alguna que lo sustente. 

Has de saber que todas las pruebas que vayas a presentar en tu defensa le darán igual.  Quedarán fondeadas en un expediente de cincuenta mil páginas que nadie está dispuesto a leer y si esa fiscal lo estima conveniente a sus fines, no irá a considerar ni una sola de estas pruebas para así proceder con su imputación.   

Has de saber también que la solicitud que haga la fiscal para que te embarguen los bienes no pasará control alguno de acusación, se irá de frente al embargo a su sola voluntad. Básicamente, se trata de una tiranía de parte de la fiscalía.


Suena terrorífico, ¿verdad?, pero así me ha ocurrido. Una fiscalía con oscuros intereses me ha presentado como líder de una organización criminal que invade terrenos aun cuando no hay un solo terreno invadido ni tampoco la necesidad de hacerlo porque han sido comprados.


Luego la fiscal Dextre alega haber detectado que el modus operandi es conformar personas jurídicas con tres participantes. ¿Tres participantes constituyen un modus operandi? ¿Es esa la capacidad analítica de nuestra fiscalía?


Se supone que la fiscalía de lavado de activos debe desentrañar los tinglados de los principales carteles. Hablamos de organizaciones que cuentan con abogados internacionales, especialistas financistas de Wall Street y complejas redes de simulación. Del otro lado, el Estado peruano pone delante a una fiscal que se toma diez años de investigación para llegar a la conclusión de que ha detectado un modus operandi:  “constituir empresas con tres socios”


La Discrepancia entre Acusaciones y Realidad:

Esta experiencia revela una preocupante brecha entre las acusaciones de la fiscalía y la realidad. Una fiscal puede persistir en una acusación sin presentar ni media prueba concreta e ignorando conscientemente la evidencia presentada por la defensa.

Problemas en el Proceso de Embargo:

El procedimiento de embargo de bienes en Perú parece carecer de un adecuado control o revisión, permitiendo acciones unilaterales basadas en las facultades volitivas de cualquier fiscal. Esta situación sugiere un desequilibrio en el poder y la falta de contrapesos necesarios dentro de un sistema de justicia equitativo.

Testimonios y Argumentos Cuestionables:

Para persistir en su acusación, la fiscal ha presentado testigos cuya credibilidad resulta cuando menos cuestionable. A pesar de las mentiras intencionadas de sus colaboradores, Dextre no los desacredita como testigos y, más bien, se encarga de esconder sus contradicciones, ocultándolas ante los jueces para luego presentar a sus testigos como válidos.


9470 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comentarios


bottom of page